El síndic de Comptes alerta en su informe de fiscalización de 2011 de que existen depuradoras en la Comunitat Valenciana en las que se incumplen las comisiones de seguimiento y la justificación de gastos, exactamente lo mismo por lo que un juez investiga a Emarsa. El magistrado cree que en la depuradora de Pinedo se podrían haber desviado entre 11 y 15 millones de euros. El auditor público reclama a la responsable de estas plantas, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que aumente el personal para el control de la financiación y ésta le responde que el Consell no se lo permite.
El síndic apunta a las depuradoras que se regulan por convenios entre la Epsar y entidades locales, como era el caso de la depuradora de Pinedo con la Emshi. El auditor revela que las comisiones de seguimiento para controlar los gastos y el tratamiento de los lodos se reúnen con retraso y a ellas no cauden todos sus miembros, "lo que cuestionaría la validez de dichas reuniones y los acuerdos adoptados".
El síndic explica que varias de las instituciones financiadas por la Epsar no han presentado la memoria justificativa de los gastos realizados y del destino que se haya dado a la totalidad de los ingresos recibidos por este concepto en el año anterior. Y lo que es más grave, que por parte de la entidad pública "no se han reclamado".
El auditor de las cuentas públicas desvela que lleva desde 2004 reclamando a la Epsar que aumente la plantilla "en lo que se refiere al mantenimiento y control de las instalaciones de depuración, así como en recaudación e inspección del canon". La entidad le contesta que el Consell se lo ha negado en reiteradas ocasiones "por la insuficiencia presupuestaria".
Intereses de demora disparados
El informe del síndic también revela que la Epsar abonó en 2011 4.028.831 euros de intereses de demora por los impagos. El auditor asegura que a este dinero hay que sumarle otros 1.557.798 euros por este concepto que no fueron contabilizados. En total, los intereses por denuncias de los proveedores suponen el 20 % de los gastos financieros. La entidad dependiente de Agricultura es demandante en 68 procesos judiciales y demandada en 11.
