El regalo de Reyes adelantado por Carlos Fabra el pasado 20 diciembre llegó ayer en forma de anuncio plagado de interrogantes. El presidente de la sociedad pública Aerocas aseguró haber recibido de manos de un grupo empresarial una oferta en firme de compra del aeropuerto de Castelló, que ha trasladado al Consell para su estudio.
Escudándose en un acuerdo de confidencialidad, eludió concretar quién está detrás de la misma ni cuánto pagará por la infraestructura. Afirmó que la empresa estaría dispuesta a invertir 200 millones de euros, una cifra que incluye la adquisición del aeropuerto y otras actuaciones posteriores en la zona por determinar. Por lo tanto, la oferta de compra podría ser por un precio inferior a los 150 millones de euros que ha costado el proyecto. Según dijo, la operación incluye el traspaso de Aerocas, por lo que la Generalitat quedaría desvinculada y se quitaría de encima una carga económica y un quebradero de cabeza.
Carlos Fabra recibió ayer al conseller de Economía y Turismo, Máximo Buch, después de que éste asumiera el pasado viernes la tutela del aeropuerto. En su primera toma de contacto con Aerocas, Buch se encontró con que Fabra le entregó una copia de una propuesta de compra de la infraestructura. Según el presidente de la sociedad, las gestiones con el comprador anónimo se iniciaron en julio y se concretaron a través de una oferta formal el pasado 31 de diciembre. La propuesta también se la trasladó "telefónicamente" al jefe del Consell, Alberto Fabra. La Generalitat procederá a partir de ahora a su estudio para determinar la viabilidad de la operación.
El máximo responsable de Aerocas detalló que este grupo "tiene un plan de negocio muy claro" y pretende invertir 200 millones de euros, lo que supondría la creación de 1.400 puestos de trabajo. La oferta incluye la compra del aeropuerto y otras actuaciones futuras relacionadas con la industria aeronáutica. No quiso detallar cuál es el precio que ofrecen por el aeródromo, que ha supuesto una inversión cercana a los 150 millones. Carlos Fabra subrayó que la solvencia del grupo empresarial tendrá que venir acreditada por una carta de garantía bancaria.
Ni Fabra ni Buch desvelaron el nombre de los posibles compradores. El primero sí que dio alguna pista cuando afirmó que valoran la situación "estratégica" de Castelló respecto al norte de África y Oriente Próximo. En los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que hubiera grupos interesados en invertir procedentes del golfo Pérsico e incluso de Libia, que entrarían de la mano de socios españoles.
Por otra parte, Carlos Fabra explicó que uno de los condicionantes que pone la empresa es el apoyo de la Generalitat y del Estado para la puesta en marcha de la infraestructura. Según dijo, su objetivo es que esté operativo a partir del 30 de junio para dar servicio a la campaña estival. Todo dependerá de que el Estado certifique el proyecto y otorgue los permisos de apertura, que siguen en fase de tramitación.
La posible operación implica no sólo la venta del aeropuerto sino de la sociedad pública promotora, dependiente de la Generalitat con una participación simbólica de la Diputación de Castelló. "Si se llega a un acuerdo, Aerocas será privada", mientras que el papel del Consell sería de "tutoría", como la que realiza "en el Puerto de Valencia o en el aeropuerto de l'Altet", aseveró. Fabra apuntó que la operación podría cerrarse en breve, "aunque no sabemos exactamente cuándo va a nacer el niño", bromeó. Y advirtió: "Una provincia sin aeropuerto no es destino turístico".
Por su parte, el conseller Buch, poco familiarizado aún el aeropuerto y que se enteró ayer de la propuesta de compra, manifestó su satisfacción por que se haya presentado una oferta, que se va a estudiar. Antes de la reunión con Carlos Fabra, el titular de Economía y Turismo manifestó su intención de agilizar la apertura del complejo. "Soy partidario de abrir, si la forma más rápida de abrirlo y que se ponga operativo es que se venda, lo venderemos, seguramente será lo más fácil. De entrada no me parece mal si el comprador se compromete a ponerlo en marcha ya a generar trafico de vuelos. Queremos que vengan aviones, cuantos más mejor", aseveró.
Un lastre para la Generalitat
La venta se presenta como la vía más cómoda para la Generalitat, incapaz de asumir en solitario el mantenimiento y puesta en marcha de la infraestructura. El aeropuerto cerrado supone un coste anual para las arcas autonómicas de 3,5 millones de euros y genera año tras año pérdidas. Ponerlo en marcha incrementaría los gastos, aunque se generarían ingresos derivados de la actividad .
La otra alternativa que se planteaba es que la sociedad pública Aerocas, que está acreditada como único gestor, se hiciera cargo del aeródromo, externalizando servicios como el de los controladores. A través de la venta, Aerocas pasaría a manos privadas.
El pleito del Consell con la exgestora complica la operación
Una de las cuestiones que puede entorpecer la operación de venta del aeropuerto es el litigio que tiene abierto la Generalitat con Concesiones aeroportuarias (Globalvía, PGP y Lubasa), la exgestora de la infraestructura. La empresa reclama al Consell una indemnización multimillonaria por la rescisión del contrato. Las negociaciones que han mantenido las dos partes para llegar a un acuerdo amistoso han fracasado. De hecho, el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, dio un ultimátum a la empresa para aceptar la propuesta de acuerdo que expiró el pasado 29 de diciembre sin que fuera aceptada. Dos días después llegó la oferta de compra del aeropuerto. j. r. castelló
