La lucha por la explotación de la propiedad intelectual de una proteína (la GPBP) que durante años han mantenido el exdirector del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y actual diputado nacional del PP, Rubén Moreno, y el exgerente de la institución Carlos Pérez Espuelas contra el científico que descubrió el citado biomarcador se ha saldado con una sentencia en la que se condena a los dos primeros a indemnizar con 90.000 euros al investigador Juan Saus por acoso laboral, según consta en la sentencia que ha dictado el juzgado de lo social número 17 de Valencia.
La magistrada condena también a la Fundación Centro de Investigación Príncipe Felipe que preside el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, a participar en el pago.
«Estoy muy contento con el fallo porque no hay trampa ni cartón», declaró ayer a Levante-EMV el investigador Juan Saus a quien se le abrió un expediente disciplinario por el que estuvo suspendido de empleo y sueldo durante un mes.
El demandante que era Investigador jefe en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, estuvo un año de baja laboral por un trastorno depresivo reactivo vinculado a la persecución laboral que sufrió por negarse a firmar la cesión de los beneficios de la proteína, como le proponían los dos directivos condenados Moreno y Pérez Espuelas.
En su estrategia de acoso, la dirección del centro modificó la franja de edad máxima de los investigadores afectados por el ERE para incluirlo a él, según indica el documento judicial que recoge que Juan Saus cobraba 6.609 euros al mes con la prorrata de las pagas extras y dos complementos.
La sentencia describe que el investigador trabaja en las bases moleculares de enfermedades humanas y que participó en proyectos científicos que culminaron con el descubrimiento de la proteína GPBP que se suma a las 21 patentes inscritas de su propiedad.
En la actualidad, el biomarcador protagonista de la polémica se ha vendido a tres empresas extranjeras que lo emplean para diagnosticar enfermedades renales.
La génesis del acoso laboral surgió a raiz de un convenio que el 28 de enero de 1999 firmaron la entonces directora de la Fundación Valenciana de Investigaciones Biomédicas „precursora del CIPF„ y el investigador, cuya primera cláusula recogía que los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados del trabajo del investigador y su grupo eran de su propiedad. El contrato también indicaba que un 20 % de los beneficios serían para la Fundación, un 40 % para el grupo y un 40 % para el investigador.
La discrepancia en el reparto de beneficios encendió la mecha del conflicto. En 2005, el investigador Juan Saus informó al entonces director del centro Rubén Moreno (2002 a 2011), que la empresa Fibrotastín SL de su propiedad era la titular de las patentes. Moreno ordenó que se paralizara cualquier investigación con la GPBP lo que frustró un proyecto con la Universidad de Vanderbilt (EEUU).
Posteriormente, la dirección quiso obligar a Saus a ceder sus derechos de explotación a favor del CIPF y a que firmara la extinción del convenio inicial de 1999. Su negativa dio lugar a la persecución laboral que ahora se condena.
