16 de enero de 2013
16.01.2013
40 Años
40 Años

El PSPV pide 23 millones y 16 años de cárcel para Rambla, Such y Martínez por Fitur

La acusación popular reclama 86 años de inhabilitación y el "decomiso" de los regalos de "El Bigotes"

16.01.2013 | 01:00

Delito continuado de prevaricación, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos y cohecho. Son los tipos penales que el PSPV atribuye al exvicepresidente Vicente Rambla y a las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such como principales responsables de haber amañado durante cinco años consecutivos la adjudicación del pabellón valenciano del certamen turístico Fitur para que el contrato fuera a Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel.
En el escrito de calificación y acusación, los socialistas, personados en la causa, solicitan 86 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, 16 años de prisión y multas de 22,6 millones de euros en conjunto para los tres máximos responsables de la Generalitat, que otorgó 5,3 millones a la empresa de Álvaro Pérez "El Bigotes" sólo por el contrato ferial, extras aparte.
En un escrito de 77 páginas, el PSPV reclama la mayor de las condenas de presidio para Milagrosa Martínez (11 años, frente a los 4 que se piden para Such y 1 años a Rambla) y la más cuantiosa de las penas económicas al exvicepresidente Rambla, al que se le demanda el pago de 11,3 millones de multa. La acusación popular solicita la misma cantidad más una segunda multa adicional de 7.200 euros a los tres cabecillas de la red Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes". De momento, se insta a que Rambla pague 12.000 euros de fianza; Milagrosa Martínez, 8 millones y Such, 4 millones.
También se reclama el "decomiso" de los regalos con los que la red corrupta agasajó a las presidentas de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), organismo que se encargaba de la adjudicación de los contratos. En el relato de hechos, los socialistas acusan a las exconselleras y a los cargos de la AVT implicados de haber modificado de forma "intencional" los pliegos de condiciones para "primar criterios con amplias dosis de ambigüedad e indefinición". Criterios "subjetivos", a la postre, para favorecer a Orange Market. De tal forma, que la oferta económica, que hasta entonces pesaba un 50% en la baremación, pasó a ponderar escasamente un 30%. Para los cargos y técnicos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), se solicitan penas aún mayores. Hasta 20 años de prisión y 52 y medio de inhabilitación para Ana Grau (coordinadora de Ferias del Servicio de Promoción) e Isaac Vidal (jefe de área de Mercados y Comunicación). Para Jorge Guarro (técnico en ese servicio) se piden 13 años de prisión y otros tantos para Rafael Betoret, que fue jefe de gabinete de la AVT. Betoret firmó el escrito de conformidad reconociéndose culpable de cohecho impropio pasivo en la causa Gürtel de los trajes.

Tres policías de la UDEF
La calificación de los hechos y petición de penas se formula al término de la fase de instrucción, de la que se ha encargado el magistrado José Francisco Ceres, y previamente a la apertura de juicio oral, donde se han de presentar las pruebas. La acusación popular ha solicitado que en el juicio se practiquen 62 testificales. Se solicita la declaración, entre otros, de Rafael Blasco, del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas o de la directora general de la Generalitat Dora Ibars. También se pide la comparecencia en el juzgado de tres policías de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, autores de diversos informes sobre los contratos con "El Bigotes".

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