El valenciano Ángel Sanchis Perales, el hombre de las finanzas de Alianza Popular en tiempos de Manuel Fraga, reconoció en el mismísimo Congreso de los Diputados que entre los años 1982 y 1989 se aplicó en la labor de «pedir» y «recaudar» entre particulares y empresas privadas para el partido. «De múltiples y variadas» formas y siempre «agudizando el ingenio». Lo confesó durante su comparecencia, en diciembre de 1994, ante la Comisión de Partidos políticos que investigaba el caso Naseiro, escándalo de financiación del PP que salpicó, entre otros, a Sanchis Perales y que fue archivado cuando el Tribunal Supremo invalidó las cintas en las que se basó la instrucción del juez Luis Manglano.

El excontable reconoció en su declaración ante los diputados que la economía del principal partido de la derecha no era «boyante». «El poder, y la capacidad de agradecer, lo tenían ustedes», le espetó entonces al socialista Fernando Gimeno. Por eso, él tenía que recoger «donativos» y «migajillas» de los empresarios que colaboraban con el PP, ironizó Sanchis Perales, quien reconoció aquel día lo que en esa misma comisión había negado el gallego Rosendo Naseiro. Eso sí, no quiso revelar detalles de la tesorería de los populares. Sólo rendía cuentas a «don Manuel», sentenció, para proclamar su devoción por el presidente fundador del PP.

Sanchis Perales está hoy en el ojo del huracán por haber servido su empresa „La Moraleja„ y su finca de Salta en Argentina como presunto destino de una parte del dinero desviado por Luis Bárcenas desde un banco suizo. En la segunda mitad de los ochenta y principios de los 90, fue uno de los hombres fuertes de AP en España y, por supuesto, en Valencia. En 1986 encabezó la lista al Congreso por esta circunscripción y en 1989 renovó el acta de diputado, en este caso por Madrid.

En esa legislatura y tras dar el relevo a Naseiro se vio implicado en el escándalo de financiación que tuvo su epicentro en la sociedad inmobiliaria Futuro Financiero. Todos los políticamente salpicados, incluido Sanchis Perales, salieron judicialmente limpios y para algunos, caso de Eduardo Zaplana, lejos de orillarlos, el escándalo resulto ser un trampolín.

En 1993, el hoy cultivador de cítricos y maíz en Argentina no siguió de parlamentario, pero el presidente nacional del PP, José María Aznar, no lo dejó en la estacada. El extesosero fue nombrado asesor del grupo parlamentario con una retribución de 400.000 pesetas, el equivalente a 2.400 euros. En 1993. Estuvo cuatro años desempeñando esas funciones, sobre el papel, aunque de hecho no solía aparecer por los despachos del grupo popular del Congreso, según se publicó en noviembre de 1994. «Asesoro cuando me lo piden», admitió Sanchis Perales en declaraciones a este diario. Eso sí, «en mi trabajo de asesor no media ningún contrato. Tengo mis propios negocios», agregó.

Entre otros, una empresa de importación de aparatos lectores de cintas de vídeo. Y, por supuesto, ya poseía la finca del norte de Argentina, comprada en 1978. Un negocio e inversiones que, según relataba el diario «Clarín», siempre contaron con el aval de los gobiernos de aquel país, incluidos los de la dictadura. La Moraleja tiene una superficie de 30.000 hectáreas, en las que trabajan 1.700 personas. Siembran 15.000 hectáreas de maíz, soja y otros granos y unas 2.500 hectáreas de cítricos, sobre todo limones. La propia compañía difundió que procesaba 1.000 toneladas de limones al día en plena cosecha.

Las inversiones en esa explotación contaron con apoyos políticos en Argentina, pero también en España. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concedió, con Ramón Aguirre de presidente, un préstamo de 18 millones de dólares, con Aznar de presidente del Gobierno.

En mayo de 2011, La Moraleja anunció que en 10 años invertiría 50 millones de dólares en sistemas de riego para duplicar la superficie dedicada al cultivo de limones. En su búsqueda de liquidez, los propietarios de La Moraleja se reunieron con la ministra de Industria Débora Giorgi hace ahora un año.