El Consejo General del Poder Judicial se unió ayer a las críticas por el indulto del Gobierno al conductor kamikaze condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven y su novia tras conducir cuatro kilómetros en dirección contraria por la AP-7 en Valencia en un accidente ocurrido el 1 de diciembre de 2003. El condenado estuvo defendido en el juicio por un abogado del bufete en el que trabaja el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, titular del área que propuso la medida, como desveló Levante-EMV el miércoles pasado.
Los trece años de cárcel han sido conmutados por una multa de 4.200 euros. Si el miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández, mostraba sus reservas por la medida, ayer fue el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, quien expresaba su desacuerdo. Moliner confesó sobre la decisión: «A mí no me acaba de gustar. Eso se lo digo tranquilamente», a lo que añadió que, en cualquier caso, es una función que corresponde al Ejecutivo y al Rey, quien firma los decretos sobre estas prerrogativas. «Por lo tanto, hacen lo que creen que deben hacer», remachó Moliner. «Hay algunos que son llamativos y a mí también me llaman la atención», indicó, antes de ser cuestionado sobre si el Gobierno debería haberse abstenido de indultar al kamikaze: «No puedo decir si se debería haber concedido o no, digo que me llama la atención», respondió.
Unión Progresista de Fiscales
No fueron las únicas voces críticas ayer contra la polémica decisión. La Unión Progresista de Fiscales considera «incomprensible» que el ministerio de Gallardón haya propuesto la medida, pese a contar con los informes en contra tanto de la sala que juzgó al kamikaze como de la propia Fiscalía y subrayó la «desproporción» entre la pena de cárcel y la multa por la que se le sustituye. Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, afirmó ayer que «resultan preocupantes las informaciones publicadas —en Levante-EMV— en el sentido de la existencia de conexiones entre el despacho de abogados del indultado y el propio ministro Gallardón».
Asimismo advirtió de que «con estas actuaciones se quiebran los principios de igualdad y de seguridad jurídica» porque «no se conocen las razones por las que unas personas son indultadas y otras no, cuando se encuentran en situaciones similares». El PSOE pidió ayer la comparecencia de Ruiz-Gallardón en el Congreso para que aclare los vínculos del indulto con el despacho de abogados donde trabajan su hijo y el abogado del condenado ahora indultado, un hermano del exsecretario de Seguridad de Interior entre 2002 y 2004, Ignacio Astarloa.
El kamikaze indultado abandonó la prisión de Fontcalent el pasado 11 de diciembre, casi un mes antes de que la medida de gracia ya aprobada por el Consejo de Ministros saliera publicada en el Boletín Oficial del Estado, según confirmó este diario en fuentes penitenciarias. Fuentes del Ministerio de Justicia, señalaron que no es preceptivo que el indulto se haya publicado en el BOE para la liberación del reo. Según indicaron, el acuerdo se notificó por telegrama al tribuna sentenciador y queda a criterio de éste si espera a la publicación. Desde el ministerio se ha desvinculado la medida con el despacho en el que trabaja el hijo de Gallardón y apuntan a que éste no se encarga de asuntos penales del bufete y además se encontraba destinado a Brasil cuando se tramitó el expediente.
El tiempo real que el condenado ha estado en prisión ha sido poco más de diez meses. La Audiencia de Valencia le condenó el 17 de enero de 2011. La resolución fue confirmada por el Supremo el 27 de diciembre de ese mismo año. El condenado pidió la suspensión de la pena mientras se tramitaba la solicitud de indulto, pero la sala se opuso y decretó el ingreso en prisión.
Fuentes penitenciarias confirmaron que el reo ha estado en uno de los módulos de respeto de Fontcalent, zonas donde el régimen carcelario es menos severo a cambio de que los internos se comprometan a asumir una serie de normas y obligaciones. Durante esos meses, ha tenido un buen comportamiento y no ha protagonizado ningún incidente. De hecho, había cierta confianza con el personal, donde les había dicho que le avisaran si estaban interesados en comprar un coche a buen precio. El reo había sido delegado del servicio postventa de una marca automovilística y cuando tuvo el accidente llevaba el coche de empresa y regresaba de recorrer varios concesionarios.
El abogado de la familia del fallecido, Agustín Ferrer, recordaba ayer en declaraciones a Levante-EMV que el acusado mostró en el juicio un actitud «fría y distante» y recordó que, durante el proceso de instrucción, toda la comisión judicial llegó a desplazarse a su domicilio particular en Almoradí para que prestara declaración ya que se encontraba convaleciente del accidente. Como consecuencia de la brutal colisión que había provocado tras circular varios kilómetros en sentido contrario por la autopista sufrió lesiones en las piernas que dificultaban su movilidad, por lo que la juez de Sueca aceptó su solicitud y se desplazó a su vivienda.
