La desconfianza de la dirección nacional del PP hacia la organización del partido en la C. Valenciana es palpable a raíz del escándalo del caso Gürtel. Pero hasta ahora los recelos habían quedado en el ámbito orgánico, sin consecuencias en la gestión económica del PPCV en la esfera institucional. Una situación que podría cambiar a partir de ahora. Según pudo saber este periódico, el portavoz en las Corts, Jorge Bellver, trasladó en una reciente reunión del comité de dirección del grupo que se había comprometido con Génova a que, a partir de ahora, Madrid supervise la contabilidad de la formación parlamentaria. El control será permanente, ya que Génova podrá hacer un seguimiento en todo momento de la contabilidad de los populares valencianos, de forma que tendrá acceso a cualquier movimiento de gasto e ingreso. Un hecho sin precedentes y que comporta la subordinación de la gestión del grupo parlamentario a la la dirección nacional.

El cambio de estatus dejó estupefactos a varios miembros del comité de dirección, que manifestaron su total discrepancia respecto a la decisión, por la sumisión que supone a Madrid. Según las mismas fuentes, la revelación provocó una discusión en el órgano de dirección de los populares en las Corts, del que forman parte, además del síndic y los miembros de la Mesa de la Cámara, los viceportavoces (Rafael Maluenda y Marisol Linares), los portavoces adjuntos (Vicente Betoret y Alicia de Miguel) y los coordinadores, entre otros. Algunos de los dirigentes llegaron a plantar cara al portavoz, que con esta iniciativa ha querido marcarse un tanto de cara a Madrid como gesto de transparencia.

También hay quien ve detrás de esta decisión la mano del conseller de Gobernación y secretario general del PPCV, Serafín Castellano. En el grupo muchos reprochan a Bellver la dependencia en sus decisiones respecto al número dos de la formación, cuya presencia en las reuniones en una constante.

La polémica reunión se produjo con anterioridad a las informaciones periodísticas que han destapado el presunto pago durante años del extesorero nacional Luis Bárcenas a miembros de la dirección nacional de sobresueldos en dinero negro procedente de comisiones ilegales. Ahora mismo, Génova, que ha negado los pagos, no está en la mejor situación de generar confianza. A la supervisión del grupo se unirá la auditoría externa anunciada ayer por Rajoy y que abarcará las cuentas de las organizaciones territoriales, entre ellas, la valenciana.

El grupo popular, en algo al que no es ajeno el resto de formaciones, gestiona con gran opacidad las subvenciones que recibe de las Corts para su funcionamiento. Esto es, para contratar personal y disponer de medios para la labor parlamentaria. Y eso que supone una jugosa tajada en fondos públicos. Para 2013, 1.911.034 euros, a 159.252 euros mensuales.

Los pluses, opacos

Una parte de estos recursos se destina a engordar bajo mano las retribuciones de los parlamentarios populares al margen de la nómina oficial. Así, todos perciben al mes 360 euros justificados como desplazamientos y, en consecuencia, exentos de tributar, aunque la Cámara ya abona a los diputados una indemnización por gastos de manutención y alojamiento, y el kilometraje. Además, los portavoces de comisión perciben 300 euros y la dirección, entre 1.000 y 2.500 euros. Muchos de sus miembros ya tienen retribuida esa responsabilidad en la nómina del Legislativo.

Sin embargo, el grupo desconoce quién exactamente cobra el plus y el importe exacto, ya que la dirección no informa ni ha informado nunca, aunque se asegura que el expresidente Camps no lo percibió y tampoco el actual jefe del Consell, Alberto Fabra. Los recursos del grupo también permitieron en su día saldar deudas con Orange Market, la firma de El Bigotes y epicentro del caso Gürtel valenciano, que cobró 142.680 euros por servicios durante 2008.