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El abogado que ha representado a la familia del joven de Alzira fallecido en el accidente que provocó en la AP-7 un conductor kamikaze indultado señaló ayer que la concesión de esta medida de gracia resulta "sorprendente" desde el punto de vista jurídico al tratarse de una condena tan grave, trece años de prisión por conducción temeraria con resultado de homicidio, pero más aún lo es "lo exageradamente rápido" en que se ha concedido. "Los diez meses que llevaba en prisión es el tiempo que han tardado en tramitar el indulto", subrayó Agustín Ferrer, que al ser preguntado por la relación laboral del hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón se limitó a comentar que "son datos objetivos que están ahí y cada uno puede tener su opinión".
Agustín Ferrer dijo que el Gobierno "ha quebrado el sistema normal y ordinario" que, a su juicio, hubiera sido no conceder el indulto ante los informes negativos emitidos por la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Valencia y las víctimas, y llegó a señalar que en este caso se dan una de "irregularidades al producirse cosas que no son normales". El letrado alcireño subrayó que "todos los días" ingresa en prisión gente por penas superiores a dos años" y señaló que no hace falta recurrir a la Constitución para concluir que "las sentencias se dictan para que se cumplan", por lo que valoró el indulto como un ejercicio de "arbitrariedad" del Gobierno basado en una norma "preconstitucional" al tratarse de una potestad que tenían los reyes absolutistas contra la que no cabe recurso. La hermana del fallecido, Loreto Dolz, reclamó ayer al ministerio una explicación pública por la concesión del indulto.
