El juez del TSJ que investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, José Ceres, ha abierto tres nuevas piezas separadas para aclarar las presuntas irregularidades en la adjudicación a Teconsa de la sonorización de la retransmisión de la visita del Papa y los vínculos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa. Estas tres piezas se suman a las otras tres ya abiertas por los delitos de falsedad documental, electoral y prevaricación.

La primera de las nuevas investigaciones -denominada pieza cuarta- se centra en las supuestas irregularidades en la contratación que hizo Radio Televisió Valenciana -RTVV- con la constructora Teconsa para la sonorización de la visita del Papá. La constructora percibió 7,5 millones de euros por el suministro, en régimen de alquiler, de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para cubrir la retransmisión de la visita del papa a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2009 por el "V Encuentro Mundial de las Familias".

El juez también va a comprobar la posible percepción de dádivas por el ex director general de RTVV Pedro García supuestamente relacionadas con la adjudicación. El juez Ceres ha pedido informes a la Intervención General del Estado, a la policía y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. El magistrado también ha solicitado a la Intervención General de la Generalitat y a la Sindicatura de Comptes que informen sobre la fiscalización de los contratos investigados.

En la pieza separada quinta, el magistrado se va a centrar en indigar en las supuestas irregularidades en los contratos entre la Generalitat Valenciana y otras sociedades vinculadas al grupo Correa. El magistrado apunta en el auto notificado ayer que las adjudicaciones bajo sospecha pueden constituir un delito de prevaricación. El magistrado recuerda que quedan fuera de esta pieza las adjudicaciones a Orange Market para las ferias de turismo, hechos que van a ser juzgados en los próximos meses una vez que la causa ya está cerrada. Para esta pieza, el Tribunal Superior de Justicia ha citado como testigos a dos personas el próximo 22 de febrero.

El magistrado ha reservado para la sexta pieza las pesquisas por los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que puede haber cometido Orange Market o alguna de las sociedades del grupo Correa. Los delitos fiscales que van a ser investigados están relacionados con el pago del IVA, el Impuesto de Sociedades, y las retenciones del trabajo del personal de Orange Market del año 2007. El juez José Ceres va a analizar si Orange Market cometió otro delito contra la Hacienda Pública en 2008 y un delito continuado de falsedad.