El Ejecutivo que preside Alberto Fabra ha encontrado finalmente una fórmula para personarse en el caso Urdangarín, pero de manera que en un futuro no se vea obligado a acusar a antiguos responsables políticos del anterior Consell. Tras meses de indecisión, el pleno del Conselll acordó ayer autorizar a la Abogacía General de la Generalitat para que se persone en el caso Noós que instruye el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, pero sólo para ejercer la vía civil. El objetivo, según explicó el vicepresidente del Consell, José Císcar, en rueda de prensa es "recuperar el dinero que ilícitamente pudo haber ido al instituto Noos" desde las arcas públicas.

El también portavoz del Ejecutivo precisó que, salvo que se de una situación excepcional, no tienen pretensión de ejercer la acción penal. Es decir, el Consell, llegado el momento, no ejercerá la acusación contra los eventuales responsables ni solicitará penas para los mismos cuando llegue el momento procesal oportuno. Junto al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín y su socio están imputados exaltos cargos del Consell y no se descarta que pueda haber nuevos imputados. Compromís apunta incluso al expresidente Camps, responsable político último de los contratos.

Císcar negó, a preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo valenciano esté evitando ejercer acciones penales por la condición de Urdangarín de miembro de la Casa Real o porque existan exresponsables de la Generalitat implicados. Según explicó, el Consell parte de la base de que el convenio firmado con el Instituto Noós es administrativamente correcto, ya que está avalado por un informe favorable de la Abogacía de la Generalitat. "Donde sí que puede haberse producido una actuación ilícita es en las cantidades que, de manera ilícita, se han percibido por el Instituto Nóos", añadió. Según explicó la Generalitat aceptó facturas porque se veía que formaban parte del objeto del contrato-por valor de 380.000 euros,- y el resto se rechazó. "Lo que no se sabía es que posiblemente las que se habían pagado, que sí tenían que ver con el objeto del convenio, se estaban también supuestamente entregando al Gobierno balear". añadió. "Ni el Gobierno balear sabía lo que pasaba aquí, ni aquí sabíamos lo que pasaba en el Gobierno balear", apostilló. Baleares, a diferencia de la C. Valenciana (la más perjudicada según el último auto del juez) está personado desde hace meses y sí ejerce como acusación particular. El Consell basa su decisión en un informe de sus servicios jurídicos solicitado la semana pasada con carácter de urgencia una vez el juez acordó librar oficio al presidente de la Generalitat por si quisiera ejercitar las acciones acciones.

Mientras el Ejecutivo ya ha decidido personarse, la Fundación Turismo Valencia, participada por el Ayuntamiento de Valencia y otras entidades privadas; sigue pensándoselo. El ayuntamiento emitió ayer un comunicado de prensa informando de que la Fundación había solicitado un informe jurídico al respecto. Luego se convocará a los órganos y se votará qué hacer. El vicealcalde, Alfonso Grau, insistió en que el ayuntamiento no se puede personar.