La Generalitat Valenciana decidió ayer a última hora paralizar el proceso para la enajenación temporal de los aprovechamientos de cinco montes públicos que suman 11.212 hectáreas por un canon anual cuya suma de importes asciende a 23.500 euros más IVA.

Fuentes de la administración valenciana aseguraron ayer que técnicos vinculados a la Intervención de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente se personaron en los servicios territoriales de la conselleria en Valencia y ordenaron la paralización de la subasta, prevista para las 11 horas

Según las fuentes, se produjeron momentos de confusión antes de que se comunicara a las empresas que optaban a la subasta-presentes en una sala contigua- que el acto administrativo había sido paralizado.

Una portavoz oficial de la conselleria confirmó ayer tarde la suspensión de la subasta por parte de "la presidenta de la mesa de contratación". La razón de esta intervención "in extremis" es la ausencia de "informes jurídicos", según estas fuentes, que no precisaron si finalmente la Generalitat renunciará o la subasta se celebrará una vez resueltas las deficiencias detectadas. Por el momento, "no hay fecha", según dijeron.

Muy pocas empresas cumplirían los requisitos del concurso

La subasta para "la enajenación del aprovechamiento de madera, biomasa, caza, pastos y otros" en los montes de utilidad pública valencianos establecía condiciones leoninas y de enorme detalle que limitaban extraordinariamente la posibilidad de concurrir al proceso. De hecho, solo dos o tres empresas madereras valencianas y una de Teruel pueden certificar algunos de los requisitos obligatorios. Las empresas de gestión cinegética-la caza es uno de los aprovechamientos esenciales- no podrían concurrir directamente al carecer de estos requisitos. Tampoco empresas europeas, lo que según algunas fuentes convertiría en "ilegal" el concurso si alguien lo lleva a los tribunales.

El análisis detallado de la subasta ofrece sombras como la de dar solo 15 días hábiles para presentar ofertas pese a la complejidad del proceso y a los diferentes aprovechamientos que salen a concurso.

Extraña que se mezcle la obligatoriedad de que el licitador "inicie los trámites en los primeros cinco años desde la adjudicación para la instalación de una central de valoración energética de biomasa" o la de "acreditar la disponibilidad de un punto de conexión por el gestor de la red de transporte o distribución de energía eléctrica"-un trámite que requiere meses- con el aprovechamiento de la caza o los pastos.

Por el contrario se exige de una forma aparentemente razonable una experiencia de cinco años en actividades de aprovechamiento forestal o la disponibilidad de material, maquinaria e instalaciones específicas.

También entraría en este apartado la exigencia de disponer de certificaciones como la ISO 9000, 14000 y OHSAS 18.000, propias del sector medioambiental.

Más difícil es obtener antes de 15 día, como obliga el pliego, las "autorizaciones autonómicas que habilitan para la recogida y transporte" de productos forestales o la "certificación de gestión forestal sostenible que garantice la gestión responsable del monte y la trazabilidad de los productos".

En una subasta de madera y biomasa celebrada en 2012 con requisitos similares, 13 montes públicos que suman 26.661,2 hectáreas fueron adjudicados por 20 años y un canon de 82.860 euros sin IVA a una única UTE formada por tres empresas.