El sector forestal valenciano al completo salió ayer en defensa de la subasta proyectada por el Consell mientras en Les Corts, los grupos políticos afeaban a la consellera Bonig la entrega de montes públicos a manos privadas a precio de saldo.
En un comunicado, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, la Asociación de Municipios Forestales, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Asociación de Propietarios Forestales del Caroche y montes de Alicante y la Asociación de Empresas Forestales, "respaldan" la decisión de la Generalitat de sacar a subasta el aprovechamiento de los montes, públicos, una decisión que tildan de "hito histórico".
Anticipando el resultado de una subasta que finalmente no se produjo, afirman que la firma de "un contrato para la gestión forestal sostenible de los Montes de Utilidad Pública de la zona suroeste de la provincia de Valencia por parte de empresas locales (sic) durante 20 años va a suponer su puesta en valor para la creación de una industria para el desarrollo de la actividad forestal en la Comunitat Valenciana, que contribuirá enormemente al desarrollo rural sostenible del interior valenciano, generando muchos empleos directos e indirectos en territorios con una alta desocupación".
El escrito defiende la "gestión forestal ordenada", algo que se ha hecho en los montes públicos que se pretende enajenar, no así en los privados, que siguen sin recibir ningún tipo de inversión o ayuda.
El diputado por Compromís, Juan Ponce, afeó a la consellera su "terrible" política forestal y denunció que la subasta permita "por 2,5 euros por hectárea" y durante 20 años los aprovechamientos de los mejores montes valencianos". "Subastamos la madera y regalamos la caza, los hongos e incluso las instalaciones recreativas. "Es perverso" concluyó.
