¿Cree que hoy en día se están perdiendo derechos fundamentales como el de manifestación?

El derecho de manifestación es muy importante. Tenemos un Gobierno con mayoría absoluta al que le quedan tres años y la gente que disiente tiene que expresarlo de alguna manera. Yo soy partidario de que haya la máxima libertad posible.

Los nacionalistas catalanes han desafiado al Estado con la propuesta de referéndum. ¿Cree que peligra la unidad de España?

Espero que no. España es un país muy complicado. Creo que los nacionalistas catalanes y vascos se conformaban con que se les reconociese la diferencia. Eso se intentó en la Constitución fijando las dos vías para acceder a la autonomía. Pero España es un país singular. Los no nacionalistas quieren ser como los nacionalistas porque piensan que la diferencia de estructura política comporta privilegios. Una estructura política diferente es compatible con la igualdad y eso se ve en todos los Estados compuestos del mundo. Los catalanes deberían hacer un esfuerzo para ver bien lo que quieren. Dicho con todo el respeto, da la impresión de que tienen una rabieta. Los demás deberíamos estar dispuestos a aceptar un modo de convivencia en el que se les reconozca su diferencia sin ningún problema. Tenemos que estar dispuestos a convivir en un Estado plural. Cataluña y el País Vasco no son iguales que otras comunidades autónomas. Eso se ve en el Tribunal Constitucional. ¿Quién recurre?, Cataluña.

¿Tiene algún ejemplo?

Recuerdo una anécdota absurda. Se me encargó un proyecto de ley, vi lo que tenía Cataluña y lo rectifique conforme a lo que dijo después el Tribunal Constitucional. Hago un proyecto de ley constitucionalmente mejor y la comunidad autónoma me contesta que quiere uno igual al de Cataluña.

¿Con quién le pasó?¿Con la Generalitat Valenciana?

(Risas) Dejémoslo ahí.

La huida hacia adelante de Cataluña empezó tras los recortes del Constitucional a su Estatut.

En mi opinión, el Constitucional se equivocó al declarar inconstitucional una manifestación de la exposición de motivos. La exposición de motivos decía que Cataluña se siente nación. Tienen todo el derecho a sentirse nación y eso no es inconstitucional. El Constitucional, en mi opinión, no tiene competencias para declarar la inconstitucionalidad de una manifestación del preámbulo. El Tribunal Constitucional enjuicia normas, no preámbulos. Eso fue un error que despertó sentimientos contrarios a la unidad de España.

¿Cataluña es una nación?

Bueno, si se siente una nación, pues es una nación. ¿Qué más da? La Constitución reconoce nacionalidades y regiones. Ahora decimos que es una nacionalidad, pero no una nación. Que venga Dios y nos explique eso. El que sea o no una nación carece de importancia.

¿Por qué?

Porque lo que importa son las competencias que tenga y cómo se inserta en el conjunto.

Volviendo a mi pregunta del principio ¿No cree que peligra la unidad de España si se reconozca a Cataluña como nación?

Por eso, no.

¿Qué puede hacer el Constitucional ante un referéndum convocado de forma unilateral?

El Constitucional anuló la consulta del País Vasco (el referéndum de Ibarretxe). El Tribunal Constitucional quizás pueda pararlo. El Gobierno ha tenido muchas dudas.

¿Una región puede abandonar unilateralmente un Estado?

Constitucionalmente no, pero a mí no me preocupa eso. Creo que nadie está totalmente loco. Si Cataluña se va en estos momentos implicaría su salida de la Unión Europea.

¿Cómo se puede evitar que asuntos importantes como el del matrimonio homosexual no se eternicen en el Constitucional?

El Constitucional está mal calculado. Cuando se crean los órganos se tiene que calcular la carga de trabajo. El problema es el pleno. Una discusión a doce personas es algo tremendo. Uno habla y cuando le vuelve a tocar la palabra han pasado dos horas y media. Ya ni se acuerda de lo que dijo. Tiene una capacidad de sacar por cada sesión tres o cuatro sentencias y le entran quince asuntos. Cuando yo me marché, el pleno llevaba un retraso de diez años. Hay que poner filtros de acceso. La solución es pasar competencias a las salas. La misma semana que entré llegó algo tremendo. La policía vasca entró a un municipio de Cantabria para tomar una muestra de agua. Aquello provocó una cuestión de competencia que nos llevó a una discusión enorme para algo insignificante. Yo creo que eso se debería resolver de otra manera.

En la Comunitat Valencia se ha producido grandes excesos urbanísticos. ¿Es constitucional la figura del agente urbanizador?

El agente urbanizador se impugnó ante el Constitucional. Tiene relevancia constitucional desde la perspectiva del derecho de propiedad. Sin embargo, no se planteó desde esa perspectiva. Se planteó desde la perspectiva del procedimiento y el tribunal dijo que aquello no era problema suyo. El tribunal no avaló el agente urbanizador. Si se hubiera planteado bien la cuestión, a saber qué hubiera pasado.

¿El agente urbanizador podía haber desaparecido?

Podía. Tiene dificultades constitucionales. Desde la perspectiva constitucional no está claro que lo que es interés público que justifica la expropiación se decrete en función del interés privado de una persona o del interés financiero de un ayuntamiento. El interés público del que habla la Constitución a lo mejor es otra cosa.

La presión popular ha obligado al Congreso a estudiar la iniciativa legislativa popular sobre los desahucios. ¿Cree que es injusta la ley de los desahucios?

Yo creo que es un problema social al que hay que darle una solución. No puede ser que hoy se suicide una pareja y mañana otra persona. A eso tenemos que darle una solución.

¿Recuerda algún momento de divorcio como el actual entre la sociedad y las instituciones?

Recuerdo momentos muy malos. La transición, que ahora se presenta como una época de paz, fue durísima. El último mandato de Felipe González fue muy duro.

La situación es ahora más dura que la del último mandato de Felipe González.

Económicamente es más dura, pero políticamente no. Ya se inició un defecto que sigue ahora que es hacer política en los juzgados de lo penal. Eso no puede ser. Hay que cortarlo porque sino la política se va a deslegitimar por completo. En estos momentos está al borde.

Pero los juzgados tienen que investigar los casos de corrupción.

Es evidente, pero no puede haber tantos casos de corrupción. La política no se puede basar en eso.

El problema no es que se investiguen si no que ocurran.

Claro.

Uno de los jueces que hizo de la lucha contra la corrupción su bandera fue Baltasar Garzón. ¿Qué opinión tiene usted de él? ¿Cree que se le persiguió?

No puedo hacer juicios de intención. Garzón cometió una evidente infracción de derechos constitucionales. Está muy bien investigar la corrupción, pero hay que hacerlo dentro del respeto a los derechos fundamentales. Este juez hizo como bandera perseguir la corrupción, algo que comparto plenamente, pero en muchos casos los derechos de los investigados brillaron por su ausencia. La condena tiene una base de hechos antijurídicos cometidos. Yo no sé si se la ha perjudicado.

Garzón fue inhabilitado por las escuchas entre clientes y abogados de Gürtel.

Y hubo otros precedentes. En el caso Nécora apareció con un helicóptero y luego quedó anulado casi todo. Lo que no anuló el Supremo lo anuló el Constitucional. De treinta y tantos acusados que había se condenó a dos. Todos los demás salieron absueltos. Si hubiera sido más cuidadoso la cosa habría ido mejor.

Veo que no cree en los jueces estrella.

El juez es un árbitro. Cuando el árbitro se convierte en estrella no está en su papel.

¿Cuál ha sido el momento que ha vivido con mayor tensión en su carrera?

Ha habido muchos. En el Constitucional he pasado momentos muy duros y alguno de ellos tiene que ver con Valencia. Yo hice la sentencia que declaró que la Universitat estaba en su derecho de decir que a efectos académicos el valenciano podía denominarse catalán. La universidad es la autoridad académica máxima. Esto me costó una manifestación ante mi casa y amenazas de muerte a mi familia.

¿Sufren presiones?

En este país es complicado ejercer de árbitro. La prensa hace constantemente juicios de intenciones. El ministro Belloch impulsó la ley del jurado y cuando llegó al Consejo del Poder Judicial me pidió un informe. Yo le puse reparos porque no había medidas para proteger al jurado de las tentativas de corrupción y de la presión de la prensa. El ministro me llamó, cenamos juntos y estaba totalmente angustiado. Me dijo que le había hundido la ley. Yo le contesté que le había hecho las observaciones que en conciencia creía que debía hacer y le añadí que al día siguiente la prensa diría que era un informe favorable. Al día siguiente, la prensa dijo que era favorable y condescendiente con el ministro porque éramos amigos. Te niegan la imparcialidad de entrada.

¿Qué opina del jurado?

Creo que es una institución necesaria. Otra cosa son los términos en los que se ha establecido. El jurado debería obligar a los legisladores penales a hacer leyes de forma inteligible. Ahora hay un proyecto de reforma del Código Penal y algunos artículos no los entiendo y soy penalista. ¿Qué va a entender el ciudadano?

Esa fue una de las críticas que se hizo al juicio de Camps. Que no quedaba muy claro para los ciudadanos qué era el cohecho pasivo impropio. ¿Cómo vio aquel juicio?

Un juez profesional difícilmente le hubiera absuelto. Es un delito que tiene un reproche social muy limitado y de hecho tenía una pena mínima. Pero es como una conducción sin carné. O uno lleva el carné o no lo lleva. O uno ha recibido el regalo o no. Parece que estaba claro que sí lo recibió. Está pendiente del recurso del Supremo.

Uno de los casos donde intentaron recusarle en el Constitucional fue el de Lasa y Zabala, porque le acusaban de ser amigo del juez instructor, Javier Gómez de Liaño.

Era absurdo porque en el caso no se enjuiciaba al juez instructor. Intentaron recusarme y no prosperó. Lo viví mal porque fue impulsada desde dentro del tribunal esa recusación y eso me preocupó. Alguien desde dentro filtró mi relación con Gómez de Liaño.

¿Notaron algún tipo de presión del Estado?

Yo no he sentido presión del Estado. La de la prensa sí. En ocasiones, el Tribunal Constitucional ha decidido retirarse a deliberar para aislarse de la prensa, que prejuzga demasiado. Hay casos en los que de antemano dice lo que se va hacer.