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"Hace falta humanizar la legislación hipotecaria" y aprobar "una ley de segunda oportunidad que permita a los desahuciados rehacer su vida", defendía ayer el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, antes de iniciar la jornada "Propuestas de solución para los desahucios", organizada por el Colegio Notarial de Valencia y el Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Notarios, abogados, jueces, profesores de derecho constitucional y políticos abordaron este cáncer social, para el que aún no hay cura, y que ya ha dejado tras de sí un reguero de suicidios y decisiones desesperadas como la mujer que se quemó a lo bonzo en un banco de Almassora hace una semana.

Todos los participantes se mostraron confiados en que los cambios legales se "adapten a las personas, a la situación de las familias" y tengan en cuenta al "deudor de buena fe", la persona que quiere pagar la hipoteca pero apenas le llegan sus ingresos para poder comer. Y la mayoría esperan como agua de mayo la resolución del Tribunal de Justicia Europeo sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria abierto tras una consulta de un juzgado de Barcelona (otra petición similar del juzgado de Catarroja sigue su tramitación, pero se suspendido la tramitación del desahucio).

El único punto de divergencia entre tres de los ponentes surgió ayer respecto a la dación en pago (entrega de la vivienda al banco a cambio de cancelar la hipoteca). Para la defensora del pueblo, Soledad Becerril, "la dación en pago es un problema a estudiar, porque le quita el problema al afectado pero lo deja en la calle. Y ¿desde dónde empieza? Desde los servicios sociales, en la indigencia otra vez. Es muy delicado porque lo deja a uno desprovisto de todo. Es como volver a empezar de cero", justificó para mostrar sus dudas. Y añadió que las entidad bancarias "advierten que con la dación en pago los créditos hipotecarios podrían ser mucho más difíciles y ser mucho más restrictivas a la hora de concederlos". Para Becerril las medidas contra el drama de los desahucios deben ser preventivas ("mejorar la transparencia en las entidades bancarias y que existan garantías de asistencia y asesoramiento técnico en la venta de productos financieros") y paliativas como "mejorar los procedimientos para declarar a alguien insolvente, mejorar el sistema de subastas, redefinir el concepto de deudor de buena fe, aunque es complejo es una de las claves, limitar los intereses de demora y facilitar acuerdos extrajudiciales".

El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, quien impulsó hace unos meses una batería de propuestas elaboradas por siete jueces sobre los desahucios, defendió la "dación en pago para casos excepcionales", al tiempo que también incidía en defender un nuevo régimen de subastas, limitar los intereses de demora, fomentar el alquiler social y "conceder más facultades a los jueces para valorar la situación en la que se encuentran las familias. Los jueces tenemos un margen mínimo en las ejecuciones hipotecarias", se lamentó Viguer. Y, aunque admitió que algunas de estas propuestas se han incluido en la reforma legal sobre los desahucios que se tramita, Viguer echa en falta una "ley de segunda oportunidad que permita a una familia rehacer su vida, porque los concursos de acreedores están pensados para las empresas" y limitar los intereses de demora.

Por último, una abogada de la comisión jurídica de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, María José Guiralt, defendió la dación en pago "con carácter retroactivo" para que se puedan beneficiar las familias que ya se han visto afectadas por un desahucio y una moratoria hasta que se modifique la legislación. Guiralt destacó el fracaso de medidas como el código Guindos "que sólo ha conseguido ocho daciones en pago en un trimestre" o el registro de familias desahuciadas valenciano al que sólo se han apuntado 236 familias "cuando se producen 500 ejecuciones hipotecarias al día. No deberían mostrar sorpresa, sino preguntarse si aquí falla algo". Y dudó de que la dación en pago endurezca la concesión de hipotecas. "¿Más aún? En cualquier caso, ahora no hay que preocuparse de conceder más hipotecas. Aún pagamos las consecuencias de la alegría crediticia".