Un anuncio público de Joan Calabuig que los socialistas se personarán en el caso Nóos para defender el dinero público municipal; dieciocho días (los discurridos entre el viernes, 22 de febrero, y hoy); un encargo de valorar jurídicamente el caso y preparar la querella y varias reuniones en la sede del PSPV de Blanquerías y en el propio grupo municipal de Valencia. Es todo el rastro que de momento existe sobre la actuación judicial del PSPV en el caso Urdangarin, la única gran causa mediática de la que que está judicialmente ausente el partido que dirige Ximo Puig.

Hay varias razones por las que el anuncio del líder local, Calabuig, antes del último pleno municipal, no se ha concretado. La principal es económica. El portavoz municipal de Valencia aseguró que entrarían en la causa, cinco días después de que los correos de Diego Torres revelaran supuestas presiones en 2006 del hoy imputado José Blanco al PSPV para evitar la labor de fiscalización de los pagos a Urdangarin, contados por este diario en su día. La falta de liquidez llevó a Calabuig a encargarle el caso a la actual presidenta del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, Sandra Gómez, exvicesecretaria general de las Joventuts Socialistes de Valencia. El caché del letrado de cabecera del partido en causas de corrupción, Virgilio Latorre, no estaba al alcance de la organización. Las deudas del PSPV superan los 9,5 millones. Fuentes del partido indicaron que Calabuig no calculó un factor añadido llamado fianza. Tanto si se presentara una querella contra Rita Barberá en el TSJ valenciano por su condición de aforada, como si acuden al juzgado número 3 de Palma, la personación que se aceptaría sería como acusación popular -como en el resto de casos en los que el partido está presente- y lo habitual es que se imponga una fianza.

Facturas de Cacsa como garantía

En la causa de Terra Mítica, por ejemplo, los socialistas tuvieron que hacer frente a un aval de 150.000 euros. Los socialistas están, además, ganando tiempo para que sea el fiscal quien solicite la imputación de Barberá; del vicealcalde Alfonso Grau -presidente de Turismo Valencia-y de Francisco Camps, entre otros. El Instituto Nóos solicitó a La Caixa un crédito de 300.000 euros a 12 meses y ofreció como garantía las facturas que le pagaría Cacsa, según informó Europa Press, citando el acta de la junta directiva celebrada el 19 de octubre de 2004.