El constructor que contrató Tauroni para levantar un hospital en Haití con dinero de la Conselleria de Solidaridad admitió ante la juez del caso Blasco que presupuestó por encima del coste. Los sobrecostes fueron tan altos que el fiscal Anticorrupción le pidió al adjudicatario que explicara cómo era posible un presupuesto de 1,3 millones de euros para el proyecto de gasificación del hospital cuando solo iban a contratar a diez haitianos y utilizar un 4x4. La juez Pía Calderón y el fiscal Vicente Torres interrogaron al contratista -Alfredo Rodríguez- en Miami, junto a otros testigos cuya declaración adelantó ayer Levante-EMV.

Alfredo Rodríguez confirmó las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción sobre el proyecto del hospital que estaba valorado en 4,5 millones de euros al admitir múltiples irregularidades como que firmó el contrato antes de que se aprobara el concurso. El contratista explicó que Tauroni le confesó que estaba "muy bien conectado políticamente". Un correo electrónico reveló que el constructor le preguntó a Tauroni por el resultado de las elecciones generales, coincidiendo con el proceso de adjudicación del hospital. Rodríguez indicó al fiscal que se interesó porque Tauroni "no era de los socialistas. Él era del partido del Gobierno (de la Generalitat). Yo soy venezolano y el socialismo está acabando con mi país. Yo no quería eso para España y a eso me referí. Perdóneme si usted es socialista, pero yo quiero lo mejor para España".

Alfredo Rodríguez precisó a la comisión judicial que conoció a Arturo Tauroni porque era el director del proyecto del hospital y que después se reunió cuatro veces con su hermano Augusto César Tauroni, el empresario encarcelado.

El contratista manifestó que su empresa estaba radicada en Panamá, pero que a raíz del proyecto del hospital de Haití montaron una fábrica en Florida para ejecutar el proyecto con piezas modulares que después trasladarían en barco a la isla caribeña. Alejandro Rodríguez indicó que Augusto César Tauroni le dijo que era el representante de la Fundación Esperanza sin Fronteras y admitió que los miembros de la trama le comentaron que de la forma en la que se redactaron las bases de la concesión "no iba a haber mucha gente que compitiera".

El constructor firmó el contrato para el hospital el 8 de abril de 2011 a pesar de que el concurso salió publicado el 26 de abril. El fiscal le preguntó: "¿Cómo es posible que firmen un contrato de un concurso que todavía no se ha publicado?". El testigo contestó a la pregunta que "se mandaron borradores" y no dio más detalles.

Planta energética

El proyecto para el hospital era de 4,5 millones de euros y el constructor presupuestó 1,3 millones de dólares para una planta gasística. Alfredo Rodríguez indicó que necesitaban diez peones haitianos y un 4x4. El fiscal Vicente Torres le mostró al testigo sus dudas sobre el presupuesto. El contratista le respondió que para llevar el material a Haití "tienes que calcularlo dos o tres veces por encima de su coste. Así lo están haciendo todas las compañías". El representante del ministerio público le recordó que el presupuesto era solo por diez peones haitianos y un todoterreno. "¿Un 4x4? Hablamos de 1.300.000 dólares", advirtió Vicente Torres al testigo. Rodríguez admitió finalmente que el presupuesto estaba hinchado porque incluía "una ganancia".

El contratista de Florida aseguró a la magistrada y al fiscal que descubrió que todo era un fraude cuando fue encarcelado Augusto César Tauroni. "Estábamos esperando el dinero. Pasó diciembre, enero y febrero, y Julia Valdés (socia del empresario en Florida) se enteró de que Augusto (César Tauroni) cayó preso. Ahí fue cuando nos enteramos de que todo era un fraude. Hasta entonces no supimos nada", sentenció.

La juez Pía Calderón tomó ayer declaración como imputados a Joaquín Rafael Blasco (directivo de la Fundación Hemisferio), Alfonso Navarro (presidente de la fundación y testaferro Tauroni) y María Isabel Castillo (administrativa de la fundación). Navarro y Castillo se acogieron a su derecho a no prestar declaración. Joaquín Rafael Blasco -que no tiene ninguna vinculación familiar con el conseller- negó las irregularidades. Blasco no entró en ninguna cuestión de fondo e insistió en que no vio nada raro. El imputado explicó que trabajaba como informático para la Fundación Hemisferio. Joaquín Rafael Blasco, que también administraba la empresa farmacéutica Desfa, manifestó que no hinchó las facturas para desviar fondos a otras cuentas. La juez tiene previsto tomar declaración a los dos hermanos Tauroni el próximo miércoles. Además, interrogará al presidente de la Fundación Cyes, Marcial López López, el próximo 10 de abril. r. f./S. p.valencia