El conseller de Presidencia, José Císcar, anunció ayer que que la Generalitat ha pedido al Ministerio de Justicia que se "endurezcan" las penas contra las personas que puedan ser condenadas por delitos o robos en el campo.
Císcar se expresó en estos términos durante su presencia en Elx, donde inauguró unas obras de modernización de regadíos, al ser preguntado por la muerte a tiros este pasado domingo de un hombre que se encontraba vigilando un campo de naranjos de Cheste. El conseller explicó al respecto que el Gobierno valenciano, a través de la Conselleria de Gobernación, "está en continuo contacto y coordinación" con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ya que es el Ejecutivo español quien tiene las competencias de vigilancia y control.
"Además, pedimos al ministerio que en el Código Penal se endurezcan las penas contra aquellas personas que puedan ser condenadas por delitos y robos en el campo. Entendemos que necesitamos de un endurecimiento para que esta situación pueda resolverse, y que la sociedad sea consciente de que quien comete un robo en el campo está cometiendo un robo que tiene circunstancias cualificadas, y que la pena que pueda sufrir tiene que ser mayor. En eso vamos a insistir", resaltó el vicepresidente del Consell.
Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, trabajan en la adopción de medidas conjuntas para "paliar los efectos de los robos en el campo", según acordaron ambos el pasado 25 de marzo en una reunión celebrada en Madrid, en la que abordaron, entre otras cuestiones, la seguridad en el campo. Según informaron fuentes de la delegación, "en breve se estará en condiciones de presentar algunas de esas medidas" encaminadas a "dar una mayor respuesta a las demandas del sector agrícola y ganadero".
En cuanto a la convocatoria del grupo de trabajo sobre seguridad rural que reclaman las organizaciones agrarias tras la muerte a tiros del vigilante de Cheste, señalan que "es conveniente" disponer de "los datos concretos de robo de cobre y de productos y material agrario en la Comunitat Valenciana de 2012" a fin de "tener una radiografía de la situación, realizar un análisis exhaustivo de la situación y adoptar las medidas necesarias". Sánchez de León se ha puesto en contacto con los máximos dirigentes de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, y de La Unió de Llauradors, Ramón Mampel, a raíz del suceso de este domingo.
98 juntas locales de seguridad
La delegada del Gobierno convocó, el 31 de julio de 2012, el grupo de trabajo de seguridad en el ámbito rural de la Comunitat, del que forman parte representantes de la Generalitat, de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las principales asociaciones agrarias. Al margen de esa comisión, en 2012 se han celebrado 98 juntas locales de seguridad y, en la mayoría de ellas, los responsables estatales, municipales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han analizado, entre otros asuntos, la seguridad en el campo.
