Los propietarios de campos en Polinyà del Xùquer contribuyen con un euro por hanegada que el ayuntamiento cobra a través del IBI al servicio de vigilancia que desde principios del año 2011 organiza el consistorio durante la campaña de la naranja para evitar robos. Éste consiste en destinar a cinco personas a la vigilancia del término que, cada tarde, cierran diferentes caminos rurales para restringir el tráfico por el término municipal.

El alcalde de Polinyà, Òscar Navarro, recordó ayer que la organización de este dispositivo fue aprobada primero por el Consell Agrari y posteriormente se ratificó en una asamblea convocada en el municipio, y detalló que, inicialmente, esta aportación representaba un tercio del coste del servicio, si bien con las mejoras introducidas por el ayuntamiento ahora cubre aproximadamente un 20%.

En este sentido, Esquerra Unida aboga por la creación de servicios de guardería rural mancomunados para combatir la oleada de robos que vive el campo y, con este fin, elevará una propuesta en las Corts para que la Conselleria de Gobernación establezca los mecanismos y habilite una partida presupuestaria para poner en práctica estos dispositivos. La diputada Esther López Barceló se reunió ayer en Alzira con concejales y alcaldes de EU en la Ribera para abordar la inseguridad que se vive en el campo y reivindicó la necesidad de aplicar una serie de "medidas transversales" para atacar el origen del problema ya que considera que la solución no puede pasar únicamente por el endurecimiento de las penas.

López Barceló señaló que los robos "son sólo un problema más del total abandono que sufre el campo valenciano por la dejadez de la conselleria" y subrayó que "hacen falta otras medidas transversales que vayan desde el control del proceso de venta de los productos agrarios con más inspecciones a un aumento de las inversiones o la vigilancia en los campos, a través de iniciativas como la creación de una policía rural mancomunada para los municipios de menos de 5.000 habitantes, subvencionada por la Conselleria de Gobernación".

El concejal de EU en Albalat de la Ribera, Felip Hernándis, recordó que, además del elevado coste que representa, la Ley de Bases de Régimen Local establece que los municipios de menos de 5.000 habitantes no tienen competencias en materia de guardería rural y recordó que en esa situación se encuentran prácticamente el 80% de los pueblos de la Ribera. Hernándis señaló que el dispositivo que desde hace más de dos años aplica el Ayuntamiento de Polinyà -donde gobierna EU- es una referencia de cómo mejorar la vigilancia para evitar robos, si bien reclamó la necesidad de que la Generalitat dote económicamente una partida para crear un servicio que puedan compartir varios municipios cuya proximidad geográfica lo permita y que también contribuirían a su mantenimiento, explicó. Felip planteó que estos servicios podrían estar organizados por las mancomunidades.

Como ya publicó Levante-EMV, el Ayuntamiento de Polinyà puso en práctica a principios de 2011 un plan de guardería rural que contemplaba la contratación de personal para vigilar el término las 24 horas del día durante la campaña citrícola y el cierre cada tarde de ocho caminos rurales para restringir el tráfico. Hernándis comentó que Albalat cuenta con un vigilante que en caso de ver algún movimiento sospechoso también alerta a la Guardia Civil, pero defendió la conveniencia de que este servicio mancomunado que reclama EU tenga un carácter profesional.

Esther López Barceló señaló como otra propuesta para poner fin a la lacra de los robos en el campo la creación de una bolsa de trabajo para contratar como vigilantes a personas desempleadas. La diputada de EU reclamó al Consell medidas que ayuden a "reflotar uno de los sectores má productivos" como es el de la agricultura.