RTVV no quiere que la veintena de directivos afectados por el ERE y sepultura del anterior ente público y sus sociedades se vayan a su casa sin llenar las alforjas con una indemnización por cese. Los anteriores gestores de la radiotelevisión autonómica tampoco estaban dispuestos a que los directivos que dejan su puesto no tengan derecho a percibir un subsidio de desempleo, que, de entrada, no les corresponde al tratarse de personal de alta dirección. Por eso, desde el departamento de Recursos Humanos del ente público se remitió a la Tesorería de la Seguridad Social un escrito en el que se solicitó revisar el tipo de cotización para favorecer a los directivos que dejan el canal público (caso del secretario general, Juan Prefaci) o vuelven a su puesto de soldados rasos, como la responsable de personal, Noelia Estarlich.

La denuncia la formuló el portavoz socialista en la comisión de control de RTVV, Josep Moreno. Y la recién aterrizada directora general, Rosa Vidal, aceptó ayer en las Corts la existencia de ese documento y de las gestiones del ente público. Es más, se comprometió a replantear la posición de la empresa -la nueva, inscrita en el registro mercantil anteayer, según remarcó- sobre ese contencioso laboral.

Josep Moreno explicó a este diario que el Estatuto de los Trabajadores excluye expresamente a los consejeros, administradores y al personal de alta dirección de la consideración general de trabajador por cuenta ajena y por tanto no se permite a estos directivos acogerse a estas prestaciones. Moreno considera una "indignidad" y un "escándalo" la mera petición de la indemnización y el derecho a paro, especialmente cuando se trata de quienes "han contribuido a hundir Canal 9 y a la purga del ERE" que se salda con 1.198 despidos.

En respuesta a las denuncias de PSPV y Compromís sobre el pago de 10.000 euros mensuales al periodista Víctor Seara para locutar la Fórmula 1, Vidal anunció que ha solicitado un informe jurídico para reclamar a Seara que devuelva más de 20.000 euros por gastos de alojamiento, manutención y desplazamientos en 2011, dado que no estaban contemplados en el contrato. Tanto Moreno como la portavoz de EU, Marga Sanz, criticaron que se contratara a un periodista argentino para locutar en castellano, cuando había profesionales de plantilla que podían haberlo hecho "en valenciano y por mucho menos dinero". Mònica Oltra, de Compromís, subrayó que Seara "no debería devolver 20.000 euros, sino todas las facturas no justificadas". "Debería devolver todo lo que se le ha pagado", remarcó.