"Entendemos el sentimiento de las víctimas pero desde el punto de vista del Gobierno valenciano creemos que se hizo lo correcto". Con estas palabras se ha defendido hoy el gobierno de Alberto Fabra a través de su vicepresidente José Císcar de todas las peticiones populares que apoyan la reapertura de la comisión de investigación sobre las causas del accidente de metro que tuvo lugar en Valencia el pasado 3 de julio de 2006 y que se cobró 43 vidas.

"Creo que todas las decisiones que se tomaron en aquel momento tenían un sentido y no soy quién para cuestionarlos", ha afirmado Císcar, quien ha insistido en que desde el Consell "no entendemos que se haya cometido ningún delito". El portavoz de Fabra sale así al paso de las nuevas evidencias aportadas por varios testimonios que recientemente han cuestionado la participación de los altos cargos de FGV en la comisión de investigación celebrada en las Corts.

La posibilidad de que los participantes en la comisión de investigación hubieran faltado a la verdad en sus testimonios al ser aleccionados por una consultora en sus respuestas no ha sido valorada ni por el vicepresidente del Consell ni por la responsable de Infraestructuras, Isabel Bonig, que también se encontraba en esos momentos presente. "Las personas que declararon hicieron una declaración jurada que decía que no fueron instruidos", ha sentenciado Císcar, pese a las recientes declaraciones de participantes en aquella comisión que reconocieron reuniones y aleccionamiento desde la dirección de FGV para sus declaraciones.

"Todos los caminos nos conducen al mismo sitio", ha comentado Císcar, quien ha añadido que "si alguien entiende que se ha cometido un delito, quien tiene la potestad para decidirlo, es un tribunal. Se puede acudir directamente al órgano que tiene la competencia", ha afirmado.

Císcar, quien ha afirmado desconocer si asistirá algún miembro del Gobierno valenciano a la concentración convocada esta tarde por parte de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, ha calificado la actuación del Ejecutivo valenciano tras el siniestro de "buena". "Estuvo en todo momento al lado de las víctimas, que es lo que tocaba hacer en esa situación", ha afirmado.

Al respecto, ha recordado que a los tres días de producirse el accidente, el pleno del Consell estaba tomando acuerdos para los afectos, y abrió de oficio 141 expedientes patrimoniales para indemnizar "lo que por ley correspondía". "Sabemos que las indemnizaciones no resuelven el programa, pero desde el punto de vista de un gobierno, también entendemos que el gobierno hizo lo que correspondía", ha aseverado.

Bonig ha insistido en su comparecencia que "hay tres resoluciones judiciales que cierran el proceso judicial, que determinó que las causas del accidente eran el exceso de velocidad y así lo reafirman las tres resoluciones judiciales".

"La única causa --ha insistido-- fue el exceso de velocidad, y así lo recogen las tres resoluciones. No seré yo ni el Consell el que usurpe las funciones jurisdiccionales que corresponden a los tribunales. Si alguien tiene algún elemento nuevo, que acuda a los tribunales y nostros, como siempre, estaremos a disposición y al servicio de la Justicia", ha dicho.