Existe una Asociación Valenciana de Empresarios de Ortopedia. La misma que a mediados de abril denunciaba que la Conselleria de Sanidad les adeudaba las facturas de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo y que la situación para las empresas del sector era «del todo insostenible». La misma que después, a finales de abril, anunció que habían cobrado tres mensualidades. Pero ayer, este colectivo no estimó oportuno pronunciarse sobre lo que ha sufrido el joven de Llíria por no poder pagar la ortoprótesis. «No hay nada que comentar ni valorar porque esto es algo que pasa todos los días. Es un procedimiento totalmente normal. La ley dice que si uno no puede pagarse la prótesis externa [y adelantar el dinero], no se coloca», explicaron desde la asociación a este periódico.
Fuentes del sector recalcaron que este caso es sólo la punta del iceberg. «Hay casos mucho más graves de familias que no pueden pagar sillas de ruedas especiales para sus hijos pequeños, o personas mayores que no pueden adelantar el dinero de su corsé. Cada vez hay menos cosas que cubre la Seguridad Social». Es la ley, subrayan.
Por su parte, fuentes de la Generalitat aseguraron ayer que la Conselleria de Sanidad «no ha ordenado la retirada de ninguna prótesis, sino que es la empresa ortopédica la que no decide no entregar al paciente el corsé inmovilizador si no abona el precio». Lo que no señalaron es que fue el médico del Arnau de Vilanova que operó a Adrián García quien consintió la retirada de la prótesis externa que él mismo le había colocado en el quirófano y que el doctor aprobó su reemplazamiento por una escayola.
La familia destacó ayer que, al contrario de lo ocurrido el día que abandonó el hospital tras la operación, el centro sí que le ofreció ayer una ambulancia para su traslado a Llíria. Declinaron la propuesta: iban con el vehículo de un amigo.
