Una semana después de la emisión del programa "Salvados" y de las nuevas revelaciones publicadas por Levante-EMV sobre el accidente del metro del 3 de julio de 2006, el PSPV-PSOE presentó ayer una denuncia para que la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana investigue si se cometieron varios delitos durante la comisión de investigación en las Corts sobre el siniestro en la estación de Jesús, en el que murieron 43 personas.
La diputada y abogada Ana Barceló firma la demanda en la que se pide al Fiscal Superior, Ricardo Cabedo, que "abra una investigación para determinar si se cometió algún delito de falso testimonio en la comisión de investigación de las Corts". Barceló acudió a la sede de la Fiscalía Superior, en edificio del Tribunal Superior de Justicia, junto al portavoz socialista de Infraestructuras, Francesc Signes.
La demanda va acompañada de "documentos de prueba" como el programa de La Sexta "Salvados" que el periodista Jordi Évole dedicó al accidente, las actas de la comisión de investigación y una copia del argumentario con las 66 preguntas y respuestas, que elaboró la consultora de comunicación H&M Sanchis para "coordinar las intervenciones de todos los comparecientes": técnicos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), expertos citados por el PP y representantes de la Conselleria de Infraestructuras. La denuncia también recuerda las denuncias de algunos familiares contra Juan Cotino por ofrecerles trabajo a cambio de retirar las demandas judiciales.
La presidenta del grupo socialista, Ana Barceló, explicó a los periodistas que de la documentación "se deduce que pudo haberse cometido un delito de falso testimonio" en las Corts porque "algunos comparecientes pudieron faltarse a la verdad, o se ocultó la misma, o se mintió", según informa la agencia Efe. En esta situación estarían, como mínimo, la ex gerente de FGV, Marisa Gracia, quien negó que se hubieran celebrado reuniones previas para preparar la comisión y Vicente Contreras, ex director de explotación, quien defendió el buen estado de los trenes del accidente, cuando meses antes aseguró en un informe interno que estaban "corroídas". Los técnicos también negaron que el tren del accidente hubiera sufrido descarrilamientos previos cuando se registraron 3, según ha publicado Levante-EMV.
El artículo 502.3 del Código Penal condena de seis meses a un año de prisión y multa a los comparecientes en una comisión de investigación parlamentaria que no digan la verdad y cometan falso testimonio. Signes criticó que el Consell, primero con Francisco Camps y luego con Alberto Fabra, "ha intentado por todos los medios mantener callados y en la sombra la reivindicación legítima de las víctimas. Pero Fabra debe reaccionar ante la crisis de moralidad que hay en la C. Valenciana y atender a las víctimas".
