La Generalitat se enfrenta a un nuevo escándalo, esta vez por las contrataciones de servicios en los hospitales más importantes de la Comunitat Valenciana. Un detenido por la policía en una operación vinculada al caso Esabe aseguró en su declaración que la empresa de la que formaba parte pagó sobornos a un exdirectivo de la Conselleria de Sanidad para obtener contratos millonarios de limpieza y seguridad en la Fe, pese a no poder legalmente por sus deudas con la Seguridad Social, según confirmaron fuentes conocedoras de las pesquisas. Esabe, sociedad investigada por la Fiscalía Anticorrupción por un fraude de 30 millones de euros y cuya cúpula directiva fue detenida en Madrid en una operación policial en diciembre de 2012, recibió decenas de contratos de este departamento un la última década hasta su cierre a finales de 2011.
La policía preguntó al imputado en un interrogatorio si encontraba explicación a que Esabe hubiera encadenado contratos millonarios con administraciones públicas pese a sus constantes deudas con la Seguridad Social y los trabajadores. El detenido contestó que tenía "constancia" de que para conseguir las adjudicaciones "en el hospital la Fe de Valencia se habría sobornado a un tal Eloy, que posteriormente sería destituido".
La declaración fue adelantada por la Cadena Ser y confirmada por este periódico, que ha podido averiguar que la Conselleria de Sanidad adjudicó a Esabe Vigilancia SA en 2011 cinco lotes de seguridad en departamentos de salud valencianos por valor de unos 10 millones de euros, pese a conocer por los sindicatos las deudas de la empresa con la Seguridad Social y los trabajadores, muchos de los cuales a día de hoy no han cobrado cantidades superiores a los 6.000 euros.
Se trata de la seguridad de los departamentos de Salud de La Plana, Valencia La Fe, Requena, Elda y Sant Vicent del Raspeig. El exdirector general de Recursos Económicos de Sanidad, Eloy Jiménez, fue quien firmó estas adjudicaciones el 19 de enero de 2011. Tres meses antes, concretamente el 12 de noviembre de 2010, el sindicato USO de la Comunitat Valenciana comunicó por registro de entrada en la conselleria a Eloy Jiménez que Esabe Vigilancia de Seguridad estaba siendo investigada por la Inspección Provincial de Trabajo de Valencia por los retrasos en los pagos a los trabajadores. Además, denunciaron que a nivel estatal la mercantil investigada estaba inmersa en un presunto fraude a la Seguridad Social y Hacienda.
Según la normativa de contratación pública, cualquiera de estas actuaciones de una empresa que pretende trabajar en el sector público hubiera sido suficiente para que Esabe Vigilancia SA fuera apartada del concurso.
Pero las adjudicaciones de 2011 no fueron los únicos que la empresa de Juan José Prados del Pino, en paradero desconocido en la actualidad, hubiera conseguido contratos millonarios con la Conselleria de Sanidad y con otros departamentos e instituciones. El mejor año para la sociedad investigada fue 2008, cuando pasó de ser una empresa que ofertaba contratos de seguridad a entrar con fuerza en el sector de la limpieza, también a través de contrataciones firmadas por el exdirector general de Recursos Económicos de Sanidad, Eloy Jiménez, ahora gerente de una fundación dependiente del departamento de Manuel Llombart.
El millonario salto a la limpieza
El 30 de enero de 2008 la Conselleria de Sanidad adjudicó a Esabe Limpiezas Integrales un contrato de 35 millones de euros por la limpieza, entre otros, de los hospitales de la Fe y el General de Alicante. Un año antes, Esabe conseguía por 11 millones la seguridad del hospital más grande de la Comunitat Valenciana y otros departamentos sanitarios.
El paso de Esabe por la Comunitat Valenciana, que ha funcionado con diferentes nombres y en diferentes consellerias e instituciones valencianas, ha dejado un reguero de denuncias de los trabajadores por impagos, sueldos en negro e incumplimientos en el plan de Igualdad, algo que también le hubiera impedido participar en concursos públicos. De su cierre a finales de 2011 los trabajadores se han quedado sin cobrar una media de cinco o seis mil euros, según fuentes sindicales. Por su parte, en Madrid Anticorrupción investiga un fraude de 30 millones a la Seguridad Social.
