El exconseller de Solidaridad y diputado del PP, Rafael Blasco, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La juez del caso Cooperación, Pía Calderón, ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado y ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral. La magistrada acusa a Blasco de tráfico de influencias, delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos y otro de inducción a la falsedad en documento público por las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes, que compró cuatro inmuebles en Valencia con dinero que debía ir a Nicaragua.
La magistrada cierra de esta manera la investigación de una, la más pequeña, de las tres patas de la trama Cooperación. La juez todavía seguirá con las pesquisas sobre las ayudas a distintas ONG vinculadas al empresario encarcelado Augusto César Tauroni durante 2009, 2010 y 2011. Además, también falta encauzar la investigación de la fiscalía sobre los contratos de Tauroni con todas las consellerias en las que tuvo responsabilidad Blasco desde 1999.
En la pieza separada sobre Cyes, la juez también ha procesado a otras ocho personas, entre las que se encuentran el propio Tauroni, el presidente de Cyes Marcial López o el exjefe de área de Cooperación, Marc Llinares. A su vez, la magistrada ha sobreseído la causa contra otras tres personas que estaban imputadas hasta el viernes. Se trata de la funcionaria Amparo Isarria, el testaferro de Tauroni Alfonso Navarro y el empresario del sector farmacéutico Joaquín Rafael Blasco. En el proceso se juzgan delitos que pueden alcanzar la pena de nueve años de prisión.
La juez imputa a Blasco un delito de tráfico de influencias porque utilizó su jerarquía y sus facultades para influir sobre los miembros de la comisión técnica de Solidaridad «con la única intención de incluir a Cyes como beneficiario de las subvenciones», pese a incumplir los requisitos.
Sobre los delitos continuados de prevaricación que Blasco habría cometido como autor, la juez considera que pese al incumplimiento de los requisitos por parte de Cyes, «se diseñó y arbitró una actuación compleja dirigida esencialmente a sortear la fase primera de control interno, que propugnaba su exclusión» y a conseguir el apoyo de la comisión técnica a base de presiones.
El exconseller habría cometido un delito continuado de malversación de caudales públicos en concepto de autor «al haber autorizado la creación de las condiciones necesarias para que se sustrajeran importantes cantidades de dinero y permitido por acción y por omisión que se consumara dicha sustracción, cooperando con Tina Sanjuán (secretaria general de Solidaridad), Marc Llinares y Augusto César Tauroni».
María Pía Calderón también considera que Rafael Blasco habría sido inductor de un delito de falsedad documental «en la confección de la documentación que se aportó a la Fiscalía y a la Sindicatura de Comptes». La juez cree que en los expedientes aportados por el exconseller para demostrar que no existían irregularidades en los expedientes de Cyes había documentos falsificados a petición del alto cargo.
El escrito de la magistrada, de 98 páginas, cuantifica el fraude de la pieza de Cyes e identifica a los beneficiarios. Sólo el 3 % del1.827.840,04 euros de las subvenciones llegó a Nicaragua. El resto se repartió entre empresas valencianas y la fundación investigada. Cyes gastó 806.898,38 euros en la compra de cuatro inmuebles en Valencia.
La empresa Arcmed, del imputado Augusto César Tauroni recibió 416.704,96 euros por diferentes trabajos que, según Hacienda, se cobraron «con facturas falsas». Ese importe, según la magistrada, «equivale al 25 % de la subvención», algo que habrían pactado Tauroni y Marcial López antes de concurrir a las subvenciones. El acuerdo, según la juez, era la cuarta parte del total del proyecto para el empresario preso a cambio de conseguir la subvención por sus supuestos contactos con Rafael Blasco.
«Augusto César Tauroni se puso en contacto con la Fundación Cyes al objeto de lograr su participación en las convocatorias que desde la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía se dispusieran (...). En dichas conversaciones se propuso al presidente de Cyes concurrir a las citadas convocatorias públicas, mostrándole su apoyo y asesoramiento (...). El señor López tenía constancia de las relaciones que mantenían Tauroni y el entonces conseller Rafael Blasco Castany», explica la juez.
La Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, empresa controlada por el presidente de Cyes, consiguió de las ayudas 133.345,58 euros. La juez ve indicios de que el dinero se cobró por servicios nunca prestados y saltándose la ley de subvenciones públicas. La empresa que realizó las reformas en los pisos percibió 58.590,05 euros.
El exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip se enfrenta a una acusación de prevaricación y el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, a uno de falsedad. El exsubsecretario de la conselleria Alexandre Català deberá afrontar un proceso por prevaricación y falsedad.
La juez también ha dado cinco días a las acusaciones, ejercidas por Antonio Miguel Penadés, la Coordinadora Valenciana de ONG y el PSPV para que actúen en esta causa «bajo una única dirección letrada», como pidió el abogado de Blasco. En caso de no ponerse de acuerdo, la acusación popular estaría representada por Penadés, el padre adoptivo del único niño haitiano que reside en la Comunitat Valenciana.
