La Abogacía de la Generalitat se opuso a archivar la parte del caso Cooperación que afecta al exconseller de Solidaridad Rafael Blasco tras solicitarlo su defensa. La acusación particular no quiso entrar en el fondo, pero apuntó que cuando el diputado del PP solicitó el sobreseimiento de la causa, el pasado 6 de mayo, no era el momento procedimental para plantear la situación. El Tribunal de Cuentas prosigue su investigación sobre la responsabilidad civil del presunto fraude en el departamento dirigido por Blasco y ha solicitado a la juez del caso más información, según el documento de actuaciones previas del organismo fiscalizador al que ha tenido acceso esta periódico.
La negativa de la abogada de la Generalitat a sobreseer la causa contra el diputado del PP coincide con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. La letrada defendía que, al no existir todavía auto de procesamiento contra Blasco, no era el momento procesal adecuado. Desde el viernes y tras la decisión de la juez de cerrar la investigación y pasar de diligencias previas al procedimiento abreviado, la Generalitat, y las otras partes, tienen diez días para decidir si solicitan la apertura de juicio oral o, por contra, piden el archivo.
El Tribunal de Cuentas investiga desde hace meses si los gestores de la Conselleria de Solidaridad respetaron los principios de legalidad, eficiencia y economía. Las pesquisas comenzaron tras la denuncia del PSPV sobre el fraude de las ayudas a la Fundación Cyes, que también persigue el Tribunal Superior de Justicia.
Esperanza García, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, pide a la juez del caso que le informe "sobre las personas imputadas en el mismo y se remita testimonio de las resoluciones de conformidad en el cumplimiento de la subvención dictadas por la Generalitat".
La instructora del órgano fiscalizador también ha pedido el informe de la Intervención General del Estado, que certifica que sólo un 3 % de la subvención llegó a Nicaragua, así como las resoluciones judiciales dictadas en el mencionado procedimiento. La idea del Tribunal de Cuestas es "concretar el importe de los daños y perjuicios causados en los caudales y efectos públicos y los presuntos responsables". La juez ya ha atribuido responsabilidades civiles a algunos de los imputados.
