­Los dos últimos autos de la Audiencia de Palma sobre el caso Nóos constatan la existencia de serios indicios delictivos contra los exgobernantes Francisco Camps y Jaume Matas al otorgar contratos al instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para organizar unos foros. Según los autos, Camps, cuya instancia adecuada para imputarle es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y Matas, ya encausado, pudieron cometer los delitos de prevaricación, malversación de caudales y fraude a la Administración al dar un trato de favor al yerno del Rey.

La sección segunda de la Audiencia ha dictado en los últimos días dos trascendentales autos sobre el caso Nóos: uno donde se rechaza la imputación de la infanta Cristina por el grueso de la causa, aunque se ordena su investigación por delitos fiscales y blanqueo de capitales, y otro para confirmar casi íntegramente la fianza civil de 8,2 millones de euros para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres.

En ambas resoluciones el tribunal se muestra muy contundente a la hora de analizar el papel de los políticos . «El carácter delictivo de tales negocios (los contratos entre el Govern balear y la Generalitat de Catalunya con el Instituto Nóos) se sustentaría en que la concesión de los mismos verdaderamente no respondía al interés general o público de contratar, sino al deseo de las entidades públicas contratantes (Fundación Illesport e Ibatur, en Balears, y Fundación Valencia Turismo Conventio Bureau, Cacsa y Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, en Valencia)(...) de favorecer a ese Instituto por ser su presidente el yerno del Rey», argumenta la Audiencia.

El tribunal explica que fueron Jaume Matas y Francisco Camps los que tomaron la decisión de entregar fondos públicos a Urdangarin. Después, ordenaron a los funcionarios adscritos a los órganos de contratación que favorecieran al duque de Palma, incluso con posterioridad a 2006, cuando Urdangarin había abandonado aparentemente Nóos.

Para la Audiencia el carácter presuntamente delictivo de esos contratos no deriva de la omisión de un concurso público para su adjudicación. Los magistrados entienden que unos eventos como los impulsados por el duque de Palma, basados en contactos de alto nivel en instancias deportivas, no pueden licitarse en un concurso. Lo que sí parece irregular es que «todos los contratos vinieran precedidos de reuniones y encuentros mantenidos con responsables políticos y donde ya se verificó la adjudicación verbal de los mismos».

La Audiencia utiliza la expresión «vestir el santo» para describir las presuntas irregularidades en la tramitación de los expedientes administrativos de Nóos. Los magistrados critican, asimismo, la laxitud de los políticos a la hora de pactar con Nóos un precio por los foros, «sin previos estudios de mercado, ni jurídicos sobre la necesidad de contratación, ni económicos».

A Matas y Camps la Audiencia también les responsabiliza de la inexistencia de controles sobre los trabajos encargados a Nóos y el destino de los fondos públicos pagados al instituto. Los autos destacan que la entidad dirigida por el yerno del Rey su amigo Diego Torres no justificó los gastos de sus eventos, «por ser estos clamorosamente desproporcionados con relación a su objeto y al trabajo desarrollado».

Para la sección segunda, existen indicios de que Matas y Camps hubieran incurrido en una desviación de poder con ocasión de ordenar que se dieran tales contratos al Instituto Nóos. Respecto a los delitos, los autos mencionan prevaricación en concurso con el de la malversación de caudales.

Matas y Camps habrían prevaricado «en tanto en cuanto la finalidad que pudo haber presidido la suscripción de los contratos no fue la satisfacción del interés general, sino que respondían a la voluntad de la Administración de favorecer a Iñaki Urdangarin por ser quien es, en calidad de yerno del Rey» y porque más que contratos lo que se dio, probablemente, es una subvención nominativa.

La instancia competente para investigar a Camps es el Tribunal Superior de Valencia, a donde Castro tendría que evacuar una consulta de cara a la imputación del dirigente conservador.

Rita Barbera, por su parte, dijo ayer que debe tener «el don de la ubicuidad» porque cada vez que se publica una información sobre su reunión en la Zarzuela, ella puede «haber estado en tres o cuatro sitios a la vez el mismo día», e insistió en que ni firmó ni decidió nada.