La evasión y el fraude fiscal cuestan a cada valenciano 1.778 euros al año

Los impuestos no recaudados repercuten en el bolsillo del ciudadano con recortes sociales y subidas impositivas - Los técnicos de Hacienda advierten de que esta cifra, que no contempla el fraude de las multinacionales, aumentará debido a la economía sumergida

maria bonillo valencia

Evadir a Hacienda tiene un precio, sobre todo para el que sí que cumple con sus responsabilidades fiscales. En concreto, cada valenciano debe pagar 1.777,80 euros de más al año para compensar los impuestos que otros ciudadanos dejan de tributar, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) publicado recientemente.

Esta cantidad no le llega en forma de extracto bancario al contribuyente a fin de año, obviamente. Entonces, ¿cómo se abona tal cantidad? "Los 1.777,80 euros que cada valenciano tiene que pagar de más se sacan de los ajustes presupuestarios, de los recortes en los servicios públicos, de los aumentos de las tasas impositivas", explicó a Levante-EMV José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Los cálculos de los técnicos de Hacienda se basan en los datos (no oficiales) de la economía sumergida, el Producto Interior Bruto (PIB) de cada comunidad autónoma y los habitantes que residen en cada una de ellas. De este modo, la evasión y el fraude de los impuestos públicos por parte de una porción de la sociedad se traducen en un agujero en las arcas del Estado de cerca de 90.000 millones de euros, cantidad que debe paliar de una manera u otra, y como explica Mollinedo, suele ser en recortes de los servicios sociales.

Un fraude como un presupuesto

En el caso valenciano, los expertos calculan que esta estimación aumentará en los próximos años. "Esperamos para finales de julio otro estudio que hemos encargado, porque los últimos datos de que disponemos son de 2009. Seguramente habrá aumentado ostensiblemente. En épocas de crisis aumenta la economía sumergida. Cuando se tienen dificultades de pago, es más fácil dejar de cumplir con los impuestos que con un proveedor o un trabajador", declaró Mollinedo. En este sentido, el máximo representante del sindicato mayoritario de técnicos de Hacienda indicó que, de hecho, el 80 % del trabajo que realizan las plantillas de inspección está centrado en pequeños empresarios y autónomos.

Aunque la Comunitat Valenciana no es la peor parada dentro del panorama estatal, lo cierto es que las cifras sobre economía sumergida no son alentadoras. Se calcula que la evasión total del PIB sumergido en 2009 era de 9.075 millones de euros, casi un presupuesto de toda una comunidad autónoma (el de la Generalitat Valenciana para 2013 ronda los 14.000 millones). Esto es un 24,3 % del PIB, un punto porcentual por encima de la media española, que se sitúa en un 23,3 %. De hecho, a nivel global, cada español deberá pagar 1.910 euros. La diferencia de cifras entre la valenciana y la española se explica por la relación entre el PIB y el número de habitantes del estado y de la C. Valenciana, indicó Mollinedo.

Por autonomías, la peor parada es La Rioja. Su cifra de economía sumergida cuadruplica la europea, significando un 31,4 % de su PIB, mientras que la de los países comunitarios se sitúa en un 7,4 puntos. Así, cada riojano debe pagar 2.776 euros por sus conciudadanos que defraudan al Fisco. La sigue Aragón, donde cada residente allí debe abonar 2.285 euros de más al año, y culmina el podio el País Vasco, donde el fraude sale a 2.272 euros por contribuyente. En esta clasificación, la C. Valenciana se sitúa en el duodécimo puesto.

Ante tal panorama, los técnicos de Hacienda han reiterado sus críticas y propuestas al ministerio del ramo. "El 83 % de la evasión fiscal queda impune", denunció Mollinedo. "Hemos mejorado en los últimos años, pero no podemos continuar persiguiendo al pequeño empresario y no a las grandes multinacionales y grandes fortunas, que representan un 70 % del total del Producto Interior Bruto sumergido", lamentó a este diario Mollinedo.

Así, en esos 1.778 euros que pagará de más cada valenciano, no están incluidos los impuestos eludidos por las prácticas agresivas de las multinacionales para no tributar por los beneficios de sus operaciones en España.

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