José Castro, el juez de Palma que investiga el caso Nóos, ha hallado indicios de delito en la actuación del ex presidente de la Generalitat Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y ha remitido parte de la causa a Valencia para que la investigue el TSJ. El magistrado considera que Camps y Barberá han podido tener una "decisiva e imputable intervención" en las negociaciones previas de los eventos Valencia Summit y los fallidos Juegos Europeos por los que el Instituto Nóos percibió 3,95 millones de euros. El juez se ha visto obligado a remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque Camps y Barberá son aforados por su condición de diputados autonómicos y él no los puede citar como imputados.
José Castro, según recoge el auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, ha decidido dejar de investigar la pieza de Valencia Summit hasta que el TSJ decida si imputa a Camps y Barberá. El juez va a remitir al tribunal valenciano todas las copias de las declaraciones que han prestado ante él otros testigos e imputados por esta pieza.
La relación de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia con Nóos consistió en la organización de tres ediciones de los congresos Valencia Summit entre 2004 y 2006 y la preparación de la candidatura de los Juegos Olímpicos Europeos que no se celebraron. El instituto dirigido por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres percibió casi cuatro millones de euros de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, dependiente del Consell y cuyos responsables en aquel momento están imputados, y de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, que está adscrita al ayuntamiento.
El juez Castro remitió ayer para justificar los supuestos indicios de delito de los dos mandatarios valencianos al auto que dictó en enero para fijar la fianza de 8 millones de euros contra Urdangarin. El magistrado recordó que en aquel auto ya advirtió de que de la investigación "se desprendía que existían indicios racionales de que en la ciudad de Valencia habían tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva". El juez acusó al Consell de burlar "olímpicamente la ley" para que hiciera "negocios" el yerno del rey. Castro considera que los convenios suscritos con Torres y Urdangarin "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de "vestir el santo"" con la finalidad "con un total abuso de poder de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, el señor Urdangarin".
Algunos imputados han señalado a Francisco Camps y a Rita Barberá como los responsables últimos de las negociaciones para la celebración los tres foros deportivos que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos.
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, apuntó que están atentos al giro que ha dado el caso y recordó que se han personado en Nóos porque quieren "saber dónde fue a parar el dinero público para que sea retornado y que los responsables asuman las consecuencias políticas y penales".
