Tanto el PSPV como otra de las acusaciones populares solicitan para los nueve encausados en la primera pieza separada del caso Cooperación, además de prisión, importantes multas que van sujetas a los delitos presuntamente cometidos y gran cantidad de años de inhabilitación para ser cargo público o funcionario. Las sanciones que solicitan las partes superan los 15 millones de euros, además de 1.827.840 euros como responsabilidad civil del presunto fraude en las subvenciones públicas, que se debería abrir en una pieza separada. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas ya estaba indagando por este camino.

La multa que pide el PSPV en su escrito para el exconseller de Solidaridad y todavía diputado del PP, Rafael Blasco, es de 2.192.000 euros y 36 años de inhabilitación. Es la misma cantidad que solicitan los socialistas para Tina Sanjuán, ex secretaria general de la conselleria y persona de máxima confianza de Blasco.

Las tres personas encausadas que no son funcionarios públicos, el empresario Augusto César Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes Marcial López y su mujer María Josefa Cervera, se podrían enfrentar al pago en multas de 5.146.000 euros, 5.000.000 euros y 146.000 euros, respectivamente, si prospera la calificación penal de los socialistas.

El exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Català se podría ver condenado con una multa de 292.000 euros y una inhabilitación de entre seis y ocho años, según la propuesta de cada acusación. Los socialistas quieren para el exjefe de área de Cooperación Marc Llinares, que es funcionario en la Conselleria de Hacienda, 25 años de inhabilitación. También se podría quedar sin trabajar en el sector público durante seis años el que fuera jefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, y abonar una multa de 292.000 euros.

El exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip es para los socialistas culpable de un delito de falsedad por el que tendría que pagar una multa de 292.000 euros y enfrentarse a una inhabilitación especial de seis años. Cabe recordar que Felip tiene plaza de funcionario en el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX).

Tras anunciar las penas que pedirán los socialistas por el presunto fraude de la Fundación Cyes, la presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la expulsión "inmediata" de Blasco del PP en las Cortes Valencianas porque lo que ha hecho es "repugnante". "Si Fabra tiene un mínimo de ética no puede seguir protegiendo, amparando ni cotejando a quien en nombre de la solidaridad se ha llevado el dinero de los más pobres en beneficio propio", censuró la diputada.

En ese sentido, recriminó a Fabra que "no es capaz de tomar ni una sola decisión sin esperar a que actúen los tribunales" cuando "los partidos debemos denunciar, pero también cesar por responsabilidad política a quienes ocupan un cargo". Por ello, cuestionó que si un presidente "no es capaz de poner orden en su grupo es muy difícil que pueda gobernar la Comunitat Valenciana". "Si Fabra no tiene liderazgo ni capacidad de imponer decisiones en su partido, tampoco lo tiene al frente de la Generalitat", insistió. Del mismo modo, pidió a los diputados del PP que "persigan y denuncien" a Blasco para acabar tirándolo del grupo popular.