04 de junio de 2013
04.06.2013

El Consell deja en evidencia a Bastidas al vetar la ley que expropia pisos a los bancos <br>

Alega que su modelo es «muy distinto» y que la propuesta del PSPV «implica un coste económico» <br>

04.06.2013 | 20:39

Las Corts ni siquiera podrán debatir una iniciativa legal similar a la que hace dos meses aprobó la Junta de Andalucía para expropiar a los bancos el usufructo de viviendas frente a los desahucios. El PSPV <span style="font-style:italic;">importó </span>la idea del Ejecutivo de Griñán y presentó una proposición de ley en términos parecidos, mientras EU, que gobierna en coalición en Andalucía, también hizo lo mismo. La propuesta socialista debía tratarse en el pleno de la próxima semana. Sin embargo, el Consell ha hecho uso de una prerrogativa reglamentaria para vetar el debate en la Cámara de esta iniciativa con un dictamen que deja en evidencia a la alcaldesa de Alzira y presidenta de la Federación Valenciana de Municipios, Elena Bastidas, quien este lunes escenificó en su localidad, maza en mano, la toma de posesión de las primeras cuatro viviendas que el ayuntamiento expropiará a los bancos para entregarlos a familias a cambio de un alquiler social.<br>El del Consell es «un modelo muy distinto» al planteado por el PSPV y que emparenta con el de Bastidas, asevera el criterio del Ejecutivo, aprobado a propuesta de la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ya que aboga por «un sistema que no busca la coerción y la sanción, sino la inversión en patrimonio público de la Generalitat, la colaboración y el acuerdo mutuo entre las distintas partes». Es, insiste, un modelo «basado en la acción directa de la Administración poniendo en valor su patrimonio público de viviendas, observando la distribución competencial y la legalidad vigente acudiendo a fórmulas convencionales [...] y que respeta la libertad de los distintos agentes». Así, se desaprueba totalmente el «claro modelo intervencionista» del PSPV, que «poco tiene que ver con el que está llevando a cabo el actual Consell».<br>El Ejecutivo podía haber expresado su criterio contrario a la iniciativa pero no a su tramitación, que es lo habitual, pero ha optado por el veto invocando el precepto del Reglamento que se lo permite cuando las iniciativas legales de los grupos implican gasto o disminución de ingresos. La propuesta, alega, «implica un coste económico» sin que se «articulen medios reales y suficientes a tal efecto». También cuestiona que la Generalitat tenga competencias para expropiar. La Mesa de las Corts, no obstante, podría el martes levantar el veto pero para ello haría falta que el PP rectifique.<br>El síndic socialista, Antonio Torres, censuró que los populares «apliquen el rodillo» para impedir el debate de esta iniciativa legal pese a que la C. Valenciana «es la segunda en desahucios, más de 7.000 de primera residencia en 2012». Y avanzó que presentarán una proposición no de ley para que se pueda abordar el asunto aunque sin fuerza legal.<br>

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