Por las buenas o por las malas (en este caso con gran coste para el presidente Alberto Fabra). Tras el escrito de acusación de la Generalitat contra el exconseller Rafael Blasco por el caso Cooperación, el también exsíndic se verá obligado a abandonar el grupo popular de las Corts, bien porque su formación lo expulse o porque finalmente opte por la marcha voluntaria —a la que se ha resistido hasta ahora— y así dejar abierta la puerta a un eventual regreso en función del desarrollo del proceso.

Blasco estrenará esta legislatura la figura del «diputado no adscrito», una especie de ostracismo parlamentario (sin apenas derechos y sin pluses, ni de las Corts ni del grupo popular) para los que salen de la formación con la que obtuvieron el acta y, formalmente o porque se le fuerce a ello, será la segunda vez que los populares pasen por el trance de una expulsión en 30 años de Corts.

La anterior fue en octubre de 1992, hace 21 años. Los populares, con Pedro Agramunt de presidente del grupo y regional, echaron al castellonense Daniel Ansuátegui por exigencias de Carlos Fabra.

Barberá apoyó a Ansuátegui

El proceso fue entonces también conflictivo y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se negó (y fue la única) a firmar el escrito de los diputados populares certificando la expulsión. Desde entonces, el PP vivió en 2005 la marcha al mixto (entonces sí existía) de Javier Tomás. Antes de Ansuátegui, las crisis populares se saldaron con fugas, sin necesidad de proceder a la cirugía.

Blasco dejará el grupo aunque la forma está por ver. La dirección popular estaba ayer a la espera de la orden del presidente para iniciar el trámite de separación del grupo, una vez hoy se conozcan los detalles del escrito de acusación de la propia Generalitat, aunque confiaba en que el exsíndic se aparte voluntariamente para evitar el trance al partido y a los propios parlamentarios, que no ocultan el mal trago.

Rajoy y la destitución con el PSPV

Tanto desde el grupo como desde Presidencia se argumentaba que Fabra supeditó su contundencia al afirmar que no le temblaría el pulso en este caso al escrito de la Abogacía de la Generalitat pero también a lo que la jueza decida finalmente, una vez conozca la respuesta de la defensa de Blasco a las acusaciones en su auto de apertura o no de juicio oral, para ser respetuosos con la Justicia.

De este modo, una eventual expulsión no tendría que ejecutarse en la reunión de mañana previa al pleno de las Corts. ¿Respeto a las formas o jugar al despiste? Lo segundo, para otras fuentes del PP, que consideran que con una acusación de prisión, con el presidente obligado el jueves a dar la cara en las Corts y, sobre todo, con Rajoy el sábado en la C. Valenciana (a la que no viene desde hace año y medio), se antoja complicado que esta cuestión no quede zanjada mañana, bien con expulsión o con la dimisión de Blasco. A éste tampoco convendría una estrategia de confrontación que complicaría la situación a su esposa, la directora del IVAM y en el Consell de Cultura, Consuelo Ciscar. Siendo conseller socialista, en diciembre de 1989 Lerma lo destituyó por el llamado «caso Blasco» como titular de Obras Públicas, pero no lo echó del grupo del PSPV, en el que siguió hasta el final de la legislatura.

Una votación por 'mayoría absoluta' acreditada con un acta

El procedimiento, en este caso, puede llegar a ser tan relevante como la decisión. Por eso el PP consultó hace días con los servicios de la Cámara sobre cómo materializar una posible expulsión. El reglamento es claro: Deberá «acreditarse» ante la Mesa que la decisión fue adoptada «por, al menos, la mayoría absoluta» del grupo. Esto es, en el caso del PP, como mínimo 28 de los 55 diputados. Para acreditar esa votación, basta un acta de la reunión donde se certifique esa votación. ¿Y por qué los diputados del grupo del PP o de Compromís firmaron en los precedentes de Ansuátegui y de Glòria Marcos, respectivamente? Porque ambos impugnaron las reuniones de grupo, lo que obligó a las Corts a exigir garantías adicionales.