La abogada de la Generalitat ha asumido la tesis de la fiscalía y considera que la trama de Cooperación se extendió mucho más allá de las ayudas al Tercer Mundo. En su escrito de calificación al que ha tenido acceso este periódico, la letrada de la administración autonómica denuncia que el empresario encarcelado Augusto César Tauroni obtuvo contratos "en la práctica totalidad" de los departamentos que dirigió Rafael Blasco, como fueron Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad.
La abogada del Consell cita las declaraciones de varios testigos para apuntalar esta teoría, entre ellos la de una trabajadora de Tauroni que aseguró que su jefe tenía capacidad para "montar chiringuitos próximos a las actividades del conseller (Blasco)". También tiene en cuenta el interrogatorio a la secretaria de Rafael Blasco, quien admitió ante la juez: "El tipo de relación que el señor Blasco tenía con Augusto Tauroni no lo tenía con ninguna persona de alguna ONG o fundación".
Esta teoría sobre la mayor magnitud del entramado es la que sostiene la Fiscalía Anticorrupción desde hace meses y, de hecho, ha abierto una investigación paralela al caso Cooperación para calibrar si los contratos que obtuvo Tauroni en todas las conselleries por las que pasó Blasco son legales o existen presuntas irregularidades como en las ayudas al Tercer Mundo.
De momento, el fiscal ya investiga adjudicaciones tan sustanciosas para las sociedades de Tauroni como los contratos para elaborar la base de datos de los historiales médicos Abucasis o el teléfono de las maltratadas. Estos expedientes y otra documentación de gran interés han sido entregados por EUPV o por alguna de las acusaciones. Ahora que ya ha denunciado por escrito, la Generalitat deberá empezar a colaborar en la profundización de las pesquisas.
El informe de los fiscales también recoge que "el acusado Augusto César Tauroni era amigo personal de Rafael Blasco en el momento de cometerse los hechos delictivos, amistad que provenía del hecho de haber sido socio de su hermano, Bernardo Blasco Castany, en la mercantil Grupo Apelcine, S. L., desde el 21 de marzo de 1997". Los investigadores añaden que esa vinculación se fortaleció "por el trato derivado del hecho de haber recibido directamente desde el año 2001 a través de la mercantil GCS o a través de subcontratas con las mercantiles Dinamiz-e y Lonerson, contratos públicos de las conselleries de Bienestar Social; Medio Ambiente y Urbanismo y Sanidad. Es decir, de los departamentos donde había sido conseller".
La abogada de la Generalitat separa en su escrito las acusaciones a quienes son funcionario públicos y a quienes no. Su teoría para acusar a los trabajadores y altos cargos se sustenta básicamente en las declaraciones y los interrogatorios realizados a todos los técnicos de la conselleria. Son básicas las denuncias de estos testigos sobre las presiones recibidas o las acusaciones del propio conseller cuando no se hacía lo que él pedía, aunque fuera irregular.
