La Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat, el PSPV y Antonio Penadés (el padre del único niño haitiano adoptado en la Comunitat Valenciana) presentaron ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia sus escritos de acusación contra los nueve imputados por la primera pieza del caso Cooperación. Las acusaciones piden penas de hasta quince años de prisión para el exconseller Rafael Blasco por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad documental. El empresario encarcelado Augusto César Tauroni también se enfrenta a penas de hasta quince años de cárcel.

La Fiscalía entregó su escrito de acusación pasadas las doce de la mañana en la secretaría del TSJ de Valencia tras recibir el visto bueno del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que solicita 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Blasco. La única acusación popular que no ha formulado escrito es la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales (CVONG).

Por su parte, la Abogacía de la Generalitat ha pedido 11 años y medio de prisión y 31 años de inhabilitación. Según fuentes jurídicas, pide también una multa de 4.500 euros por el delito de falsedad en la causa que investiga el supuesto fraude en las subvenciones del Gobierno valenciano para la cooperación internacional entre 2008 y 2011.

Las peticiones de condena son muy similares, aunque el PSPV es el que más pena de prisión reclama para Blasco y Tauroni. Antonio Penadés, que fue el primero que se personó como acusación popular, solicita que el exconseller Rafael Blasco sea sentenciado a 13 años de prisión, el empresario Agusto César Tauroni a 13 años, la exsecretaria general de Cooperación Agustina Sanjuán a 13 años, el ex subsecretario de la Conselleria de Solidaridad Alexandre Català a 11 años, el ex jefe de gabinete de Blasco Xavier Llopis a 5 años, el presidente de la Fundación Cyes (entidad que no tiene nada que ver con la constructora) Marcial López a 5 años, la mujer de Llopis y secretaria de Cyes María José Cervera a 5 años, el exdirector de Cooperación Josep Maria Felip a 4 años y el exjefe del área de Solidaridad Marc Llinares a 4 años. Llinares es el funcionario de la Generalitat que se abrió una cuenta en Miami tras volver de un viaje de Panamá y la Fiscalía considera que tiene más grado de implicación en la segunda pieza.

Fuentes próximas al caso explicaron que el resto de los escritos de acusación son muy similares y destacaron la posición «durísima» de la Abogacía de la Generalitat que ha pedido cárcel para Blasco.

La magistrada instructora del caso Blasco dividió en noviembre la causa en dos piezas. La primera pieza se centra en la presunta utilización de fondos de cooperación en Nicaragua por parte de la Fundación Cyes para la compra de cuatro inmuebles en Valencia (dos pisos, un entresuelo y un garaje) por casi un millón de euros. Esta pieza, conocida popularmente como Cyes, es a la que se refieren los cuatro escritos de acusación presentados ayer por las partes y el juicio contra los nueve imputados podría celebrarse antes de fin de año.

Pozos de agua

La conselleria de Blasco concedió en 2008 dos subvenciones a la Fundación Cyes para construir pozos de agua en Nicaragua, que se tramitaron con los expedientes G001/2008 y G002/2008. Según la investigación judicial, 969.875 euros se destinaron a adquirir los cuatro inmuebles en Valencia y que Cyes aseguró que iban a ser su sede, 456.960 euros presuntamente fueron a la firma de Tauroni Gestiones e Iniciativas Arcmed (propiedad del empresario encarcelado) y a Nicaragua solo llegó el 3% de la subvención (43.000 euros).

Una vez iniciada la investigación, la Conselleria de Solidaridad remitió al juzgado documentos manipulados para que no trascendieran las supuestas irregularidades de las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. El ex director general de Cooperación Josep Maria Felip ya reveló a la juez que el exconseller Rafael Blasco le obligó a ocultar los expedientes de la Fundación Cyes y dos correos de Marc Llinares confirmaron su denuncia.