El exdirector general de Cooperación, Josep Maria Felip, declaró ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pía Calderón, el pasado 8 de marzo de 2009. La magistrada que instruye el caso Cooperación le preguntó por su firma, que validó definitivamente el expediente de la Fundación Cyes, no confundir con la constructora, en el que se compraron cuatro inmuebles en Valencia con dinero de Cooperación. Felip defendió que "no conocía nada del proyecto" y que el jefe de área Marc Llinares le habría engañado al darle un papel para firmar y decirle que "todo estaba correcto". "Me la jugaron", llegó a afirmar.
El exdirector general de Cooperación explicó que no tuvo conocimiento "de nada" del expediente y que se enteró "por los medios de comunicación", cuando destaparon el escándalo el 7 de octubre de 2010.
La juez fue con Felip tan incisiva como con Rafael Blasco y le preguntó: "¿Usted ha visto algún proyecto de este tipo que llegue a su destino un 2 o un 3 % del total?", en referencia al dinero que se envió para pozos de Nicaragua. Con la voz entrecortada el exdirector general dijo que no. Y añadió que si lo hubiera visto "no lo hubiera admitido porque contraviene la ley". "Eso ocurrió cuando yo no estaba", se descargó de culpa.
Felip reveló a la juez que hubo un enfrentamiento entre Blasco y la Sindicatura de Comptes cuando el órgano fiscalizador le mostró su desacuerdo con las justificaciones del proyecto. Por este hecho la juez ha imputado un delito de prevaricación al exportavoz del PP. "El conseller cuando recibe el documento discute ese borrador. Se produjo una negociación y me pidió que acompañara al subsecretario para hablar con el síndic pero no intervine. En esa discusión que yo asistí fue por la justificación de los pagos y los gastos", explicó. "Esa fue una decisión del conseller y así se hizo", remachó.
No fue la única vez en que despejó la responsabilidad en las espaldas del que fuera su superior en la conselleria de Solidaridad. "En la conselleria hago lo que me dice el conseller", explicó. El exdirector general de Cooperación entre 2010 y 2011 defendió que el actual diputado del PP "algo" sabía y que "lo controlaba absolutamente todo".
La juez también preguntó por la relación entre Blasco y Augusto César Tauroni. Felip explicó que cuando este periódico empezó a destapar la trama de funcionarios y ONG en la que participaba Tauroni fue a "preguntar expresamente" a Blasco por esa persona. "Me dijo que no lo conocía, que era un conocido de su hermano Bernardo".
Tras esta contestación el fiscal le inquirió si conocía a Adolfo Soler Sempere, uno de los testaferros de Tauroni y que en la actualidad se encuentra en Ecuador. "También me dijo que no lo conocía, que todo era una patraña política que lo perseguía", explicó. Soler Sempere participó en el partido político que impulsó la familia Blasco para debilitar el PSPV. Se trata de la marca Partido Socialdemócrata. También fue uno de los dos fundadores de la Fundación Hemisferio, matriz del entramado, y era la persona visible de la empresa Dinamiz-e, una contratista de muchas consellerias de Blasco.
Tauroni debe 1.155 euros a la comunidad de vecinos
Al empresario Augusto César Tauroni, en prisión preventiva desde febrero de 2012, le crecen las deudas por todas partes. Sólo en una de su múltiples propiedades debe a la comunidad de vecinos un total de 1.155 euros, correspondientes a las liquidaciones de los distintos gastos de la finca que Tauroni no afronta desde al menos el segundo trimestre de 2012. En concreto, se trata de un inmueble situado en la calle Breton de los Herreros de Valencia, que sirvió de sede para el entramado de firmas que el empresario vinculado al exconseller Rafael Blasco tejió para ocultarse en su relación contractual con la Administración. Tauri, según la investigación del caso Cooperación, llegó a acumular multitud de propiedades dentro y fuera de España fruto de sus contratos con las conselleries de Blasco.
