Compromís aprovechó ayer la sesión de control de las Corts para revelar que el exconseller de Solidaridad y diputado del PP, Rafael Blasco, así como su equipo, todos ellos imputados en el caso Cooperación, llegaron a mantener hasta nueve reuniones con el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, y la síndica Marcela Miró, en la sede del órgano fiscalizador, durante la elaboración de la auditoría sobre las ayudas a Nicaragua que acabaron sirviendo para comprar pisos en Valencia, precisamente la pieza por la que la jueza ha procesado a los exresponsables de Solidaridad.
Al estallar la polémica, Blasco forzó la elaboración de un informe con la intención de exculparlo. No lo logró, ya que la fiscalización cuestionó 1,1 millones de los 1,6 millones en ayudas. De hecho, la jueza imputa un delito de prevaricación por las presiones al Síndic y por no haber cumplido con sus recomendaciones. Mònica Oltra y Fran Ferri detallaron que el 14 de enero de 2011 se produjo una primera reunión del propio Blasco, a la que siguieron otras seis del exsubsecretario Alexandre Català (los días 25, 26, 28 y 4 y 11 de febrero), otra del exdirector de Cooperación Josep Maria Felip y una última, el 22 de febrero, de nuevo de Blasco. Ésta tuvo lugar a horas «intempestivas», ya que llegó a las 19.22 y se fue a las 22.40. Además, según Oltra, las citas fueron «secretas», los responsables no fueron identificados a la entrada, accedieron con cajas de documentos y se celebraron con los síndicos designados a instancias del PP y no con el del PSPV, Antonio Mira-Perceval, quien emitió un voto particular al informe en el que instaba a iniciar el procedimiento de reintegro de ayudas. Oltra cuestionó el papel del Síndic, pidió su comparecencia y un cambio en las leyes para que «el controlado no ponga al controlador».
Sin embargo, desde la Sindicatura se aclaró después que las reuniones con los entes fiscalizados son normales en el proceso de auditoría y recalcaron que, no sólo las visitas quedaron registradas, sino que hay actas, que se remitieron al TSJ. En aquel momento, el PSPV y Compromís ya habían denunciado el caso a la Fiscalía y hoy la propia Generalitat pide 11 años a Blasco. Oltra citó también una reunión con Luis Lobón, imputado en Nóos, el 26 de enero de 2011.
«La corrupción indigna a todos»
En el pleno, el vicepresidente José Císcar dijo que «la corrupción nos indigna a todos», y que están por que «quien mete la mano en la caja, lo pague», unas palabras que no aplaudió Blasco.
