La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia recibió el pasado viernes una querella contra el secretario general del PPCV y conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, su mujer, y José Miguel Pérez Taroncher y su esposa (amigos íntimos del dirigente popular) por las adjudicaciones al empresario. En concreto, la denuncia menciona la existencia de unas contrataciones supuestamente irregulares a Construcciones Taroncher por valor de 7 millones.
La querella, que todavía no ha sido admitida a trámite, está redactada por un abogado de Castelló en nombre de la "Asociación contra la corrupción en la Comunitat Valenciana", un colectivo creado en abril de este año y que era prácticamente desconocido hasta ayer. La asociación atribuye a las dos parejas los los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociación prohibida y abuso de posición en las adjudicaciones al entender que Castellano desde los diferentes cargos que ha ejercido en la Administración favoreció a su amigo. Según sostiene la denuncia, la empresa "aumentó de manera desproporcionada su actividad" desde que Castellano asumió la conselleria de Sanidad en el año 2000. Aseguran que hubo un trato de favor a la firma Taroncher que "ha conllevado un importante enriquecimiento personal" del amigo de Castellano.
Fuentes cercanas al conseller consultadas por este diario indicaron que está dispuesto a colaborar con la Justicia, aunque admitieron no tener información alguna sobre la querella. El TSJ todavía no ha entrado a valorar la veracidad de la denuncia. Ha sido registrada y turnada para que un magistrado proponga a la sala su admisión o su archivo. El caso Taroncher, como ha venido informando Levante-EMV, saltó a la luz pública en febrero de 2009 cuando trascendió que el departamento de Castellano había adjudicado varios contratos a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados S.L. La denuncia incide en la estrecho vínculo que une a los dos matrimonios y precisa que ambas parejas son copropietarias de dos inmuebles en Llíria de dos hectáreas cada una.
Construcciones Taroncher ha recibido un aluvión de contratos de todo tipo. Los querellantes los elevan a dos cientos, si bien no precisan cuáles son. Además, como denunció este diario, la firma recibió encargos de dudosa legalidad. Acometió obras en La Fe por 498.025 euros sin que mediara adjudicación.
Los querellantes piden la declaración de los cuatro denunciados, así como que comparezcan como testigos los portavoces de los grupos de la oposición en las Corts y altos cargos de Gobernación, Justicia, Sanidad y Hacienda. Además, reclaman una fianza solidaria por importe de siete millones.
La asociación, según aseguró su presidente Enrique Soriano a este diario, tiene previsto presentarse en sociedad en los próximos días. Añadió que sus miembros no están vinculados a ningún partido político ni sindicato y aseguró que han formalizado ahora la denuncia porque han recibido datos gracias a la "colaboración ciudadana" y quieren "regenerar" la clase política.. Soriano precisó que la asociación está compuesta de empresarios valencianos que operan a nivel nacional, aunque no identificó a ninguno.
