22 de junio de 2013
22.06.2013
Levante-emv
Comité de Derechos

El PPCV suspende de militancia a Blasco y lo expulsa del gurpo en las Corts

El Comité de Derechos le abre expediente disciplinario y le inhabilita para desempeñar cargos públicos

22.06.2013 | 00:00

El PP de la Comunitat Valenciana ha decidido suspender de militancia de forma cautelar al diputado Rafael Blasco e inhabilitarle para desempeñar cargos públicos en el seno del partido o en representación de éste. Así lo ha acordado el Comité de Derechos y Garantías del PP valenciano, reunido esta mañana, que ha abierto expediente disciplinario contra Blasco por "la comisión de infracciones tipificadas como graves y muy graves", según un comunicado del partido. Esta retirada de carné implica su salida del grupo popular de las Corts y su probable incorporación como diputado no adscrito.

La sanción al exconseller se produce tras sus declaraciones en un programa de televisión en el que aseguró que la Abogacía de la Generalitat había recibido consignas para solicitarle once años de prisión por el caso Cooperación.

El presidente Alberto Fabra, el pasado jueves, ya abrió la puerta a que el partido sancionara al exsíndic por sus manifestaciones aunque el principal transfondo es la imputación de Blasco en la trama de subveciones a ONG. En este sentido, Fabra aseguró en su día que echaría al exconseller del grupo popular cuando se decida la apertura de juicio oral. La sentencia ha llegado antes.

El preludio de las palabras de Císcar
Por su parte, el vicepresidente del Consell, José Císcar, incrementó ayer la presión sobre Blasco al advertir en rueda de prensa que el partido podría acabar expulsándole por sus críticas televisadas. Císcar subrayó que los estatutos del PP contemplan incluso la expulsión del partido en los casos de infracciones muy graves. Y de "muy graves" calificó las manifestaciones de Blasco.

Para Císcar las afirmaciones de Blasco son "totalmente erróneas" y agregó que quien las dice "falta a la verdad". Así defendió la "total independencia y profesionalidad"de la Abogacía de la Generalitat, que actúa siguiendo criterios jurídicos, y por ello supone "una falta de respeto" decir que el Consell influye en sus decisiones.

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