La querella presentada por una asociación que asegura luchar contra la corrupción contra el conseller Serafín Castellano por las adjudicaciones a la empresa Construcciones Taroncher (propiedad de un amigo suyo) activó ayer las protestas de la oposición por el veto de las Corts a peticiones de información. El portavoz del PSPV en las Corts, Antonio Torres, aseguró que el PP "lleva años ocultando información" sobre estos contratos. El socialista recordó que ya en 2009 su grupo los solicitó e hizo innumerables preguntas al propio conseller y al entonces presidente Camps. Según Torres "en todos los casos se nos denegó información". La última respuesta del Consell fue que las adjudicaciones se referían a una persona física o jurídica que no tenía trascendencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Tampoco ha tenido más suerte Esquerra Unida. El portavoz adjunto, Lluís Torró, pidió que la Justicia actúe "con celeridad" en la querella presentada contra el titular de Gobernación. Torró denunció que el Consell se ha cerrado herméticamente a dar cualquier información al respecto, lo que "reafirma las sospechas de que evidentemente hay anomalías". Torró lleva desde mayo de 2012 haciendo preguntas sobre los contratos menores de la conselleria de Sanidad a Taroncher sin éxito. Hasta diez veces ha solicitado la documentación. Sólo logró que el exconseller Luis Rosado le reconociera contratos durante 2011 con la empresa del hijo de Taroncher por valor de 98,376 euros.
La querella interpuesta, que aún no ha sido admitida a trámite, sostiene que Castellano estaba detrás de unos 200 contratos por valor de siete millones de euros. Los querellantes quieren que los portavoces de la oposición vayan al TSJCV para que certifiquen el veto si se abre una causa contra el conseller de Gobernación.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, manifestó su confianza en la justicia y defendió que Castellano es "un conseller ejemplar" y que "mientras no se demuestre lo contrario, es inocente". "Aunque cualquier ciudadano que piense que se ha hecho algo mal tiene el derecho de ir donde tenga que ir, no entiendo que un señor presente una demanda y, sin que esté admitida, se anuncie en los medios de comunicación". Y añadió: "En la dictadura cuando a uno le cogían ya era culpable, en democracia es al revés".
Por su parte, el conseller de Gobernación reiteró ayer que "como siempre", él ha actuado "con absoluta y total colaboración y disposición con la justicia". "Solamente sé que se ha establecido una querella por parte de una asociación de la que tampoco tengo mucho conocimiento de la misma, y no tengo más información", indicó.
La llamada Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana asegura que la semana próxima se presentará ante el público para dar la cara y que además anunciará nuevas "acciones" contra responsables políticos. En estos términos se manifestó Enrique Soriano, que se presenta como presidente del colectivo sobre el que pesan muchas dudas ya que su única referencia es una web, con varias fotos, en la que ayer se añadió a Rafael Blasco. Entre las incógnita está, además de quienes componen la asociación (según Soriano son empresarios que no tienen que ver con la política) y la propia localización de la sede. Según la web, el colectivo está localizado en Marqués de Zenete aunque allí hay un despacho de abogados, que dicen no tener vínculos con la Asociación. Según el presidente, esa fue una dirección inicial y ahora se han trasladado a la avenidad de las Cortes Valencianas, aunque no recordaba ayer, a instancias de este periódico, el número. "Somos conscientes de que tenemos que dar la cara y lo haremos porque hay mucho nerviosismo". levante-emvvalencia
