Alberto Fabra ha teledirigido la expulsión de Rafael Blasco a través del Comité de Derechos y Garantías del PP. Blasco tendrá que abandonar el Grupo Popular en las Corts. Pero con ese movimiento orgánico no basta. Habrán de ser los diputados conservadores quienes consuman y ratifiquen la decisión ordenada por su jefe de filas para, de ese modo, otorgar a Blasco la desagradable vitola de diputado no adscrito. Así lo mandata el reglamento de las Corts en su artículo 27.2: «Si la baja [del diputado] fuera por expulsión del grupo parlamentario, habrá de acreditarse ante la Mesa de las Corts que la decisión fue adoptada, al menos, por la mayoría absoluta de los miembros del mismo».
Fuentes jurídicas de las Corts señalaron ayer que no será necesario acreditar esa conformidad mediante la recogida de 28 firmas la mitad más uno de parlamentarios populares. Las firmas sí que se reclamaron a los diputados de Compromís que en 2008 apartaron del grupo por mayoría a Glòria Marcos, pero fue porque la coordinadora general de Esquerra Unida impugnó la medida.
Aunque puede evitar la violenta recogida de firmas contra Blasco, el Grupo Parlamentario Popular añaden las mismas fuentes jurídicas sí debe celebrar una reunión interna convocada en tiempo y forma en la que se explicite el respaldo de la mayoría de diputados a la expulsión. Esa decisión podría personalizarse a través de una votación, que se podría realizar a mano alzada, con papeletas o por asentimiento, y que luego se presentaría ante la Mesa de las Corts. En todo caso, la lógica apunta a que los diputados díscolos con la medida podrían optar por no acudir a dicha reunión del grupo para no explicitar su contrariedad.
Sin embargo, la dirección regional del partido cree que hay «varias interpretaciones jurídicas» y que es posible que no haga falta un acto específico del Grupo Popular con la expulsión de Rafael Blasco en el orden del día, un acto al que en teoría habría de ser convocado el propio Blasco, que podría acudir para defenderse o impugnar el acuerdo.
De hecho, el PP intenterá evitar esa foto. Según afirmó ayer Serafín Castellano a este periódico, en los próximos días «va a presentarse un certificado a la Mesa de las Corts con el acuerdo oficial adoptado por el partido». Y si los letrados consideran que con eso no es suficiente, añade Castellano, «se cumplirá con lo que diga el reglamento y pidan los letrados».
La pérdida de un aliado
En todo caso, nada apunta a que la dirección del PP en las Corts halle dificultades para obtener el «sí» mayoritario de los suyos ante el acuerdo orgánico de apartar a Blasco. El mayor valedor en público del exconseller imputado ha sido el presidente provincial Alfonso Rus. En reiteradas ocasiones, el alcalde de Xàtiva y líder del PP en la provincia de Valencia ha mostrado su oposición a que los imputados sean apartados del partido antes de que exista una sentencia condenatoria. Hasta ahora, todo eran escenarios hipotéticos. Pero ayer, día en que se comunicó la expulsión de Blasco, Rus prefirió callar y a preguntas de este periódico a través de uno de sus fieles pidió «guardar silencio» y «ser respetuoso» con la decisión del president. No le echó ningún salvavidas. Ante la evidencia de los hechos consumados, Blasco podría haber perdido definitivamente a un aliado.
Fabra perdería la mayoría absoluta si aparta a cinco de los otros ocho imputados
La expulsión de Rafael Blasco abre un nuevo escenario en el PP de las Corts. El Grupo Popular deja caer a uno de sus 55 diputados. Ahora le quedarán 54. La mayoría absoluta está fijada en 50 parlamentarios: por debajo de ese listón tendría que negociar para sacar adelante sus iniciativas legislativas. El problema es que, en la actualidad, el PP tiene a ocho imputados más „aparte de Blasco„ en los escaños de las Corts: Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García Santos, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such por distintas piezas judiciales de Gürtel; y Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por el caso Brugal. Además, cada vez está más cerca la imputación formal de Francisco Camps y Rita Barberá por la rama valenciana del caso Nóos.
La «doctrina Fabra» de «tolerancia cero con la corrupción» ha dejado establecido que se apartará del grupo parlamentario a aquel diputado sobre el cual se abra juicio oral. Quedan dos años para el final de la legislatura, y el PP deberá administrar a cuántos parlamentarios relega al grupo de no adscritos. Sólo le quedarían cuatro «balas» más para apartar a imputados y enviarlos al córner de los no adscritos.
Por ello, Alberto Fabra necesita que al menos la mitad de diputados inmersos en causas judiciales acepten dejar su acta de diputado para que entre un suplente «limpio» de la lista electoral. Ése sería es escenario preferido por el «president». Pero no será tarea fácil, porque renunciar al acta de diputado implica desprenderse del aforamiento judicial que les permite ser juzjados por el TSJ „más rápido„ en vez de un juzgado ordinario. p. cerdà/j. l. garcía valencia
