La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar a una mujer con 50.000 euros por tardar 32 semanas en diagnosticarle un embarazo. La mujer tenía problemas psicológicos por lo que estuvo tomando psicofármacos durante el embarazo. Además, le realizaron una mamografía. Los jueces han condenado a la conselleria por privar a la mujer de la posibilidad de abortar porque debido a su patología podía hacerlo.

La sala ha llegado a la conclusión de que no hay duda de la mala praxis porque durante las 32 primeras semanas del embarazo la mujer fue atendida por un ginecólogo, un cirujano y su médico de cabecera. Los jueces apuntan que el psiquiatra que examinó el caso certificó que la mujer cumplía con las condiciones para someterse a un aborto terapéutico. "Nos encontramos ante un supuesto de pérdida de oportunidad, pues la mujer podía haber optado por abortar si se hubiera diagnosticado el embarazo desde sus inicios".

Los magistrados han fallado que la mujer tiene derecho a percibir 50.000 euros por el "daño moral" que supuso privarle de la libertad de decidir sobre el embarazo. La mujer también reclamaba 200.000 euros por los efectos que la medicación y la radiación pudieron tener en el bebé. La sala desestima esta pretensión porque la hija de la recurrente no sufrió ningún daño por la medicación que la madre tomó durante las primeras treinta y dos semanas de gestación. r. f.valencia