Alberto Fabra no tiene intención de que la polémica que rodea al diputado Rafael Blasco dentro del grupo popular en las Corts siga marcando la agenda del partido y el Consell durante más tiempo. Y lo quiere fuera de la bancada conservadora esta semana: en el pleno del miércoles, si puede ser.

Desde esta mañana, la dirección del grupo popular en las Corts trabaja a contrarreloj para tramitar la expulsión del exconseller imputado por varios delitos dentro del caso Cooperación, para el que la Generalitat pide once años de prisión. Y el reto es hacerlo sin que la crisis se convierte en una bomba que deje en evidencia discrepancias en del grupo parlamentario.

De todos los pasos que deben darse para que se oficialice el pase al grupo de no adscritos, el primero depende de Madrid. Según los estatutos, la dirección nacional es la competente para aprobar las dos medidas cautelares que propuso el comité disciplinario del PPCV: suspensión de militancia e inhabilitación para ejercer de diputado en las Corts. La ratificación depende del Comité Nacional de Derechos y Garantías, pero la previsión es que el presidente y el secretario de ese órgano lo ratifiquen sin esperar a la próxima reunión.

Tras ese trámite, que puede llegar hoy mismo, la dirección del grupo popular debe «acreditar» ante la Mesa de las Corts que la «mayoría» de los 55 diputados (28) aprueba dicha expulsión, como establece el reglamento de la Cámara (art. 27.2). Es ahí donde Fabra se expone a que se evidencien discrepancias y se ponga en duda su autoridad, con una bancada con nueve imputados que pueden sentirse amenazados por la expulsión de Blasco, y voces críticas con el trato político a este «subgrupo».

Es lo que pretende evitar la dirección del grupo. Y el plan del síndic, Jorge Bellver, es conseguir acreditar el apoyo de al menos 28 diputados sin que haya votación. O sea, recoger las firmas y presentar un documento ante la Mesa que indique que la mayoría apoya el pase de Blasco al grupo de no adscritos. Sin enseñar las firmas.

Un acto de fe que se le pide a la Mesa y al presidente Juan Cotino, pero que abre a la puerta a conflictos legales. En 2008, los diputados de Compromís que expulsaron a Glòria Marcos tuvieron que presentar las firmas porque la entonces líder de EU impugnó la decisión. Pocos en el PP dudan de que Blasco plantará batalla y recurrirá cada medidas disciplinaria que se tome contra él.