Es lo último que quería el PP para evitar que la expulsión del grupo del exsíndic Rafael Blasco, procesado por el caso Cooperación, evidenciara la fractura interna, pero al final tendrá que pasar por el aro del Reglamento de las Corts. El portavoz popular, Jorge Bellver, convocó ayer por la tarde a los 55 parlamentarios „incluido el propio Blasco„ a una reunión «extraordinaria y urgente» para hoy, a las 18 horas, con un único punto del orden del día: «Pronunciamiento del grupo parlamentario popular sobre la expulsión de Rafael Blasco Castany». Bellver se vio obligado a cursar la convocatoria tras intentar infructuosamente hasta primera hora de la tarde que los letrados de las Corts o el presidente, Juan Cotino, aceptaran su interpretación del artículo 27.2 del reglamento para evitar a toda costa una votación interna. En concreto, el popular pretendía que con la decisión del partido „que el sábado lo suspendió cautelarmente de militancia y lo inhabilitó para representarle„ bastara para echar a Blasco y, en su defecto, un escrito firmado por 28 diputados (la mayoría absoluta del grupo) avalando la decisión de expulsarlo.

Ni una ni otra opción. Los letrados se mantuvieron firmes, atendiendo a la letra del reglamento y a los antecedentes, que exigen convocatoria en tiempo y forma respetando todas las garantías, lo que incluye el derecho del afectado a ser escuchado, y acuerdo del grupo previa votación. Y Cotino (y los otros dos representantes del PP en la Mesa) se parapetó también en que no iba a imponer nada que los letrados no avalaran. Se exponían a quedar en evidencia ante una denuncia por prevaricación de Blasco. Después de tres días de tensionar la cuerda, la estrategia de Bellver y el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, junto con Rubén Ibáñez y Alfredo Castelló, el núcleo que gestiona el grupo, se ha estrellado.

El voto secreto y el entierro

Asumida la necesidad de una votación, la dirección podría buscar una fórmula para eludir que se evidencien las discrepancias, como la votación por asentimiento. La previsión, no obstante, es que la decisión se adopte por votación a mano alzada. Eso sí, con que sólo uno de los parlamentarios lo solicite, se haría con voto secreto. Falta ver si alguien se atreve a pedirlo. Y es que en la dirección hay temor. El propio Bellver telefoneó ayer a varios parlamentarios para tantearlos sobre si van a acudir hoy a la cita del grupo o no. Además, una circunstancia desgraciada vino a complicar la papeleta interna para el síndic. Y es que la reunión del grupo coincide también mañana por la tarde con el entierro de la madre de la exconsellera y diputada Trini Miró. Fuentes populares indicaron que hay inquietud en la dirección, toda vez que el sepelio brinda la coartada para aquel diputado que no quiera asistir a la convocatoria de las Corts. Y eso que el comportamiento de la exconsellera ha sido ejemplar al trasladar a sus más próximos que están excusados.

Los populares pretenden dejar hoy liquidada la expulsión de Blasco, en vez de trasladarla a la habitual reunión de los miércoles antes del pleno, ya que resultaba muy precipitado. Antes de la sesión, la Mesa se reunirá para tramitar la expulsión y reubicar los escaños en el hemiciclo.

Génova ratifica la suspensión del exconseller y solo intervendrá si recurre

El comité nacional de derechos y garantías del PP ratificó ayer las medidas cautelares adoptadas por el órgano regional contra el exconseller y exportavoz popular en las Corts Rafael Blasco, consistentes en la suspensión cautelar de militancia y la inhabilitación para representar al partido y en cargo público. Génova avala así la operación ordenada por el presidente del Consell, Alberto Fabra, para echar a Blasco, aunque por una cuestión disciplinaria (sus declaraciones a una cadena televisiva de signo ultraconservador en las que criticaba a Fabra) y no por su implicación en el caso Cooperación. Sólo si recurre Blasco, ya sean las medidas cautelares o la resolución del expediente, Madrid intervendrá. El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, insistió ayer en que las medidas adoptadas contra Blasco corresponden al comité de derechos y garantías de la C. Valenciana. «Yo ni debo ni puedo entrar», enfatizó.

Repreguntado por el asunto, subrayó que se trata de un procedimiento que está regulado y destacó que el órgano regulador del PP valenciano es el que debe resolver la cuestión y el comité de derechos y garantías nacional, presidido por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, sólo deberá pronunciarse si hay apelación. «Si no, basta con el comité valenciano», reiteró. Floriano garantizó que sólo si el que ha sido portavoz en las Corts hasta hace meses apela su inhabilitación y suspensión de militancia deberá pronunciarse sobre el asunto el comité de derechos nacional. levante-emv valencia