La playa reivindica el amparo del Júcar

Millán Millán, director ejecutivo del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo desde su fundación, que Europa «casi nunca legisla teniendo presente la realidad mediterránea. Hay que recordársela constantemente». Un buen ejemplo se encuentra en el apartado dedicado a las aguas costeras y de transición, a las que la Directiva marco del Agua, además de atribuir una enrevesada definición, asignó competencialmente a los organismos de cuenca como la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Lo que en Europa, tierra de grandes estuarios y deltas, tiene sentido resulta algo más complicado de encajar en el Mediterráneo. Sin embargo, la idea, además de lógica- el litoral, las zonas de marjal y los ríos están funcionalmente unidos- representaba un nuevo factor de protección. Se abría paso, según los teóricos de la Nueva Cultura del Agua, a un nuevo enfoque basado en el «ecosistema costero» y se desterraba el concepto de que «el agua que no se aprovecha, se pierde», para cambiarlo por el de «el agua que se aprovecha hoy no debe poner en peligro el futuro».

«La aplicación de la DMA a las aguas costeras y de transición será la primera iniciativa que se llevará a cabo en el dominio costero y marítimo con el nuevo enfoque de gestión medioambiental», señalaba hace unos años Jordi Salat, del Institut de Ciències del Mar (CSIC) Barcelona. Sin embargo, al nuevo concepto le cuesta arrancar, como evidencia el Esquema de Temas Importantes de la Demarcación Júcar, previo al Plan Hidrológico, donde los apartados dedicados a las aguas «costeras y de transición» tienen, de momento, un papel residual.

La ficha «Protección de la funcionalidad física y natural de la Comunidad Valenciana» diagnostica los problemas de la costa valenciana, aunque sin profundizar ni apuntar soluciones. El documento es , por lo demás, heredero de otras sensibilidades medioambientales más propias de la época de Cristina Narbona que de la ley de Costas impuesta por el actual ministro Miguel Arias Cañete.

Sólo así se entiende que el ETI afirme cosas como que «las mayores vulnerabilidades de la demarcación Júcar frente al retroceso de la línea de costa están asociadas a la ocupación urbanística del litoral, donde se preven retrocesos medios de unos 15 metros en las playas para el año 2050» o que identifique como «el segundo ámbito litoral especialmente vulnerable» en la demarcación «las zonas inundables (cordones, dunares, humedales y albuferas) cuyo grado de ocupación urbanística es el más elevado de todo el litoral español».

«Mea culpa»

El «principal generador» de la regresión de la línea de costa en la demarcación, es»la presencia de embalses en la cuenca que regulan los caudales y retienen los sedimentos», aunque también «infraestructuras portuarias y obras marítimas que suponen una barrera física para el transporte de sedimentos.

Para el primer apartado ya se han desarrollado algunos proyectos de «lavado» de embalses para liberar sedimentos atrapados. Derribar espigones y puertos deportivos es otra cosa.

La ficha del ETI, «insuficiente» a la hora de proponer medidas, según Xúquer Viu y confusa en la delimitación de competencias según la Generalitat Valenciana, sitúa los principales problemas de erosión costera entre el Puerto de Burriana y el Puerto de Sagunto, «con una regresión media de la línea de costa de 1,5 metros al año» atribuíbles a la barrera que supone el puerto «borrianenc», que supone «una barrera total al transporte litoral» de arena.

Existe también una gran erosión en la cara sur de deltas como el del Mijares, donde los embalses retienen los sedimentos que hicieron posible el propio delta, y una regresión de la línea de costa en los marjales de Peñíscola y el Prat de Cabanes. Al sur destaca el informe «la erosión al norte del Puerto de Valencia, entre la Pobla de Farnals y la Malvarrosa».

El diagnóstico identifica con carácter general las afecciones de los puertos de Vinarós, Castelló y Burriana —sorprendentemente obvia el puerto de Valencia (Xúquer Viu subraya el «olvido» en sus alegaciones)— y sigue destacando la existencia de obras de protección de la costa «poco eficientes» en lugares como Chilches, Moncófa, Nules y Santa Pola, además de los situados al sur de la desembocadura del Júcar que afectan a las playas de la Safor.

El informe vaticina que la variación del perfil de playa «a lo largo del litoral de la Confederación Hidrográfica del Júcar» puede provocar «graves problemas asociados a las edificaciones construidas cerca de la costa...ya que la cota de los terrenos en la mayor parte del litoral, apenas superan los 1,5 metros sobre el nivel del mar».

Entre las medidas para solucionar el problema se apunta al cumplimiento estricto de la Ley de Costas —la anterior a la reforma Cañete— y «la retirada estratégica del borde costero de forma controlada y planificada por los instrumentos urbanísticos existentes». Una medida «marca de la casa Narbona» cuya aplicación se antoja imposible por el Gobierno actual.