Cospedal deja en evidencia al PP valenciano al airear sus rentas e intereses de su cónyuge

¿Qué ingresan realmente, incluidas sus actividades privadas y, en el caso del PP, los sobresueldos, los diputados valencianos? Quien pretenda saberlo va a llevarse un gran chasco. La C. Valenciana, con una de las mayores concentraciones de casos de corrupción y líder en las Corts en parlamentarios imputados, 8 de los 54 del PP y dos pendientes de auto, todavía no ha dado transparencia a esta información. Desde que en febrero el presidente Alberto Fabra hiciera pública su declaración de IRPF „arropando a Rajoy„, sin que nadie del grupo popular lo haya secundado, los populares llevan cinco meses jugando al despiste para retrasar la regulación de una declaración de rentas de los diputados o, mucho más sencillo y lo que han hecho la oposición y Fabra, colgar en la web su confesión al fisco.

El martes, el portavoz popular, Jorge Bellver, aplazó a septiembre una decisión al respecto, tras acusar a EU de que no se hayan hecho públicos los datos. Una explicación con tintes surrealistas. Ayer, 48 horas después, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha dejó en evidencia a los populares valencianos al publicar la declaración de bienes, actividades y rentas de 129 altos cargos y asesores, incluido el sector público, y los respectivos cónyuges, una información detallada a lo largo de 488 páginas. La apabullante catarata de datos contrasta con el páramo en la Generalitat. Los altos cargos del Consell sólo han publicado una vez sus bienes, un mero resumen de valores catastrales, en abril de 2010. El expresidente Camps, en pleno acoso Gürtel, reguló la difusión una única vez, sin prever la continuidad, y Fabra ha escurrido el bulto.

En Castilla-La Mancha hace años que se dan a conocer los ingresos reales de los políticos como consecuencia de una ley de la etapa de José Bono , a la que se opuso el PP, pero que Cospedal ha mantenido. Una norma que funciona allí al menos desde 2003 y que aquí rechazan los populares alegando que podría ser inconstitucional. Tantas veces como se ha propuesto se ha rechazado y ahora está pendiente una propuesta de EU de reforma del reglamento de las Corts para importar una regulación muy similar.

El principal obstáculo está en la exigencia de presentar copia de la declaración de IRPF, como garantía de la Administración de que los datos reflejados son correctos. En Castilla-La Mancha, los altos cargos han de adjuntar un duplicado del IRPF y el de Patrimonio. Pero en las Corts los populares valencianos se niegan en redondo, no ya a airear su IRPF, sino a que, como pide EU, las declaraciones al fisco estén a disposición de la Comisión del Estatuto del Diputado, por si se precisa cotejar la información declarada. Inicialmente, el PP pretendía emular al Congreso, donde sólo se reflejan las rentas ajenas a la Cámara; después, asumió declarar todas los ingresos. Habrá que ver si eso incluye el detalle del sobresueldo. Pero lo que no acepta bajo ningún concepto es entregar copia del IRPF, bajo custodia de las Corts. Y menos, cualquier dato sobre el cónyuge. Y eso que Fabra y todos los diputados (salvo el PP y Mònica Oltra, que ha hecho público un certificado de ingresos y retenciones solo del Parlamento) las han difundido en la web.

La oposición frontal a la transparencia fiscal es la que llevó a Bellver a ofrecerse para gestionar ante la Agencia Tributaria un sistema por el cual ésta certifique los datos, y así salvar las objeciones en su grupo. Unos trámites que bloquean la decisión hace semanas, y que la han aplazado a septiembre. Todo, para eludir lo que en la comunidad vecina está en vigor hace un decenio.

El retraso permite a los populares hacer público 2012 y no el electoral 2011

Los populares llevan meses poniendo el freno a una solución sobre la declaración de rentas de los diputados. Primero fue que había que esperar a la reforma del modelo de declaración vigente en las Cortes Generales que se negociaba en Madrid para adoptar la misma. Con ese argumento el asunto se paralizó varios meses. Luego vino la objeción a airear o entregar el IRPF, que derivó en una negociación con la AEAT para que certifique los datos. Varios meses más. De este modo ha pasado la campaña de la renta 2012. Si inicialmente había que declarar los ingresos de 2011 (tal como figuraba en la propuesta de declaración que llegó a repartir el PP) ahora se ha pasado a 2012. En 2011 los sobresueldos estaban en pleno apogeo y es un año cerrado. 2012 se ha elaborado ahora y en la oposición hay quien piensa en maquillaje de cifras. j. g. g. valencia