La complejidad del trámite de la lotería en papeletas hace que casi nadie lo cumpla
Las entidades deberán identificar a los compradores de participaciones de lotería agraciados con un premio que supere los 2.500 euros
laura julián valencia
La gestión a la hora de conseguir los permisos para la venta de participaciones de lotería es «tan compleja» que el 99 % de las entidades vendedoras de loterías «no piden los permisos ni cumplen con los requisitos necesarios», según afirma el presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Lotería de Valencia y Castellón (Anapal), Manuel Iborra.
La circular puesta en marcha por Loterías y Apuestas del Estado en la que se informa sobre el procedimiento para solicitar autorizaciones para la emisión de participaciones con sobreprecio del pasado 2 de julio, ha inquietado a más de una entidad, sobre todo entre las asociaciones festeras, preocupadas ante el descenso de las ventas, que suponen una importante fuente de ingresos. Y es que la norma explica procedimientos legales que «históricamente nunca se han cumplido ni se cumplirán en un futuro, ya que harían inviable esta costumbre centenaria», asegura Iborra.
Desde Anapal, recuerdan la importancia de «informar a los colectivos que realizan participaciones sobre cuáles son sus obligaciones y el protocolo a seguir en caso de obtener un premio superior a 2.500 euros, así como facilitarles esta tarea con el fin de no perder este importante nicho de ventas».
La obligación, por tanto, de las entidades recae en identificar a los compradores de participaciones agraciados con un premio superior a 2.500 euros, además de conseguir los permisos de venta necesarios y no vender las participaciones con un recargo superior a la quinta parte del importe jugado, el 20 %.
A pesar de ello, desde la asociación de loteros advierten de lo «escrupuloso que es todo el proceso de comercialización desde la ejecución de las participaciones hasta el proceso de pago en caso de premio», lo que provoca que la norma «no conviva con la realidad enmarcándose en una vía alegal que siempre ha funcionado bien», sostiene Iborra.
La principal diferencia de este año, según Iborra, que describe la circular es que a partir de ahora se debe anotar el nombre, dirección fiscal y firma de la persona agraciada con un premio superior a 2.500 euros. Una vez se compruebe que la participación es correcta y no ha sido falsificada, la entidad vendedora de la participación, a la que la administración de loterías de la Selae ha pagado previamente, deberá darle el dinero que le corresponda al comprador de la papeleta.
Por otra parte, Iborra asegura que si el procedimiento para pedir las autorizaciones fuera más sencillo «todo el mundo pediría los permisos» y que desde las asociaciones de loteros denuncian esta situación. «Debemos legalizar este proceso, pero desde Madrid nos dicen que funciona bien», concluye el presidente de la organización de vendedores.
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