El Consell dejará aparcar a ciudadanos en la ciudad administrativa para ahorrar

La Conselleria de Hacienda y Administración Pública prevé sacar a licitación los próximos días la gestión y mantenimiento del aparcamiento público del complejo administrativo 9 d'Octubre, que dispone de 937 plazas (800 son para coches y 137 para motos) distribuidas en dos plantas y 33.652 metros cuadrados. El coste actual del mantenimiento del complejo asciende a unos 700.000 euros anuales, y la conselleria prevé reducirlo en más de un 50% con la privatización de la gestión del aparcamiento, ya que la concesionaria se encargará de mantenimiento, personal, etc. El contrato supondrá a las arcas públicas en torno a 400.000 euros.

El Consell pretende que la futura concesionaria comience a operar a partir del próximo septiembre, cuando los funcionarios tendrán que pagar por utilizar un aparcamiento del que ahora disponen de forma gratuita. Además, las plazas se pondrán a disposición, para su alquiler, de vecinos, funcionarios y visitantes, y podrán utilizarse por turnos (de modo que varios usuarios la compartan) o bien con abonos mensuales (al menos de 24 horas y de 8 horas).

Hasta la fecha, varias empresas nacionales e internacionales se han mostrado interesadas en el contrato. Al ahorro en los gastos de mantenimiento se unirá próximamente el que generará a la Generalitat la concesión de la guardería y la cafetería del complejo. La guardería será para niños de cero a 3 años, con alrededor de 40 plazas. Por su parte, la instalación del bar restaurante dará servicio a los trabajadores, visitantes y vecinos.

Cabe recordar que el 9 d'Octubre es la ciudad administrativa puesta en marcha por el Consell el pasado mes de marzo para centralizar las instalaciones de la administración, dispersas hasta la fecha y con un coste en alquiler de inmuebles, algunos de los cuales se han puesto en venta. Tiene capacidad para 4.500 empleados públicos y ha supuesto una inversión de 108 millones, que estará amortizada en menos de 8 años gracias a los ahorros generados, entre otras partidas, por la reducción en costes corrientes por la centralización de servicios, equipamientos o la extinción de alquileres.

El complejo, en la antigua cárcel modelo, supondrá un ahorro para la Generalitat de 14 millones al año por alquileres y con la contratación centralizada de suministros, material fungible, servicios como seguridad o limpieza. Por la rescisión de arrendamientos de inmuebles, el ahorro previsto es de 6,6 millones.

La Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda de la Comunitat Valenciana solicitará mañana una audiencia con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el vicepresidente, José Císcar, para conseguir "una explicación y una solución inmediata" a los impagos, que cifran en 250 millones y afectan a 133.500 ciudadanos. La asociación señala que su intención es reunirse con el jefe del Consell el 30 de julio, después de que la consellera Isabel Bonig prometiera el pago de 38,4 millones antes de verano y no lo haya cumplido, además de no dar respuesta a las peticiones de reunión solicitadas por la plataforma desde el 12 de marzo.

El vicepresidente Císcar prometió el viernes que las ayudas no prescribirán a los cuatro años (como marca la ley) y se comprometió a abonarlas, pero los afectados lamentan la "falta de empatía" y la "manifiesta incompetencia en gestionar este desbarajuste" de la consellera Bonig.