La Generalitat hará responsable a sus gestores de las facturas en los cajones

El Consell de Alberto Fabra cambiará la ley de Hacienda para imponer un régimen de responsabilidades de los gestores públicos por el descontrol en el gasto. Esto es, por avalar pagos sin tener garantías de una cobertura presupuestaria, candidatos a convertirse en facturas en los cajones. Lo desvela en su último informe Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea que ejerce un control sobre las cuentas europeas y regionales. El documento, disponible en inglés en su página web, da cuenta de las visitas a España y a diversos gobiernos y organismos autonómicos -entre ellos, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, y la Sindicatura de Comptes- a lo largo del ejercicio pasado.

El organismo, que viajó a España en mayo, junio y septiembre, repasa las medidas adoptadas por las administraciones, dedicando una apartado especial a la C. Valenciana y a la de Madrid. Del Consell, celebra las medidas comprometidas, como el Registro Único de Facturas, ya puesto en marcha, o el refuerzo de la Intervención, para añadir: "Se harán cambios en los textos legales de la Ley de Hacienda Pública con el propósito de incorporar los mismos instrumentos y procedimientos requeridos para garantizar la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria".

Y añade: "Incluyendo expresamente un régimen de responsabilidad para los responsables de los distintos departamentos y entidades por la violación de tales normas y principios". Un sistema que castigará a los gestores que gasten más allá de lo consignado, los que se desvíen del cumplimiento del presupuesto. Altos cargos consultados no ocultan su preocupación por el compromiso, que consideran que el Gobierno hará extensible a todas las administraciones en España.

Responsabilidad personal

Y vinculan su materialización a la negociación con el Ministerio de Hacienda para concretar los términos de la responsabilidad de los gestores. Señalan que el ministro Cristóbal Montoro pretende conectarlo con la ley de Morosidad, que fija un plazo de 30 días para saldar las facturas, pero en el Consell defienden que no se puede imponer esa exigencia sin garantizar la solvencia financiera de la Generalitat vía financiación autonómica, flexibilización del déficit y Plan de Pago a Proveedores. Dicho de otro modo: si ahora mismo el Consell no tiene garantizados recursos suficientes para afrontar los servicios básicos, ¿quién va a firmar gastos sin tener previamente asegurada la disponibilidad presupuestaria? Si los gestores tienen que responder personalmente, se lo pensarán mucho antes de estampar su firma, lo que puede acarrear serios problemas de funcionamiento en hospitales y otros servicios básicos.

"Nos tienen que garantizar un marco de estabilidad, y ahí nos comprometeremos a lo que haga falta", aseguran responsables conocedores de las negociaciones con el ministerio. En su informe, Eurostat "reconoce y valora" las medidas del Consell para asumir la ley de Estabilidad Presupuestaria y reforzar los poderes de la Intervención, así como el Registro Único de Facturas, al que han de remitirse obligatoriamente todas las facturas una vez entran por registro.

Ahora bien, del examen de la entidad algunos salen malparados. Especialmente el INE, del que se critica que no trasladó su informe inicial a los gobiernos afectados ni al Tribunal de Cuentas, que lo conoció por la web. De hecho, las visitas "a las fuentes de información", como especifica Eurostat, son consecuencia de que el INE no le proporcionó los datos correctos, una vez se destapó a finales de 2011 la existencia en España de miles de millones de facturas pendientes. Al Ayuntamiento de Valencia le da un tirón de orejas. "Eurostat señala la falta de respuesta del Ayuntamiento de Valencia para proporcionar la información solicitada con antelación a la reunión del 12 de septiembre, aunque ese día la entregó", refleja Eurostat, en la única mención a un consistorio español.