La UE pide que la auditoría del síndic se extienda a España

El Gobierno quiere eliminar los órganos de control autonómicos, como la Sindicatura de Comptes, para evitar "duplicidades". ¿Duplicidades? El informe de Eurostat desmiente al Ejecutivo al poner en evidencia el papel de la Sindicatura (formada por los síndicos Rafael Vicente Queralt, Antonio Mira-Perceval y Marcela Miró) en la detección, a lo largo de veinte años, de las facturas en los cajones de la Generalitat. Una labor en la que apenas nadie le hizo caso -sobre todo el Consell- hasta que las facturas descalabraron en buena parte las cuentas del Reino de España en 2011.

Hasta en tres ocasiones cita Eurostat a la Sindicatura, a la que menciona como "the Valencia Court of Audit", en términos laudatorios. Tan es así, que llega a recomendar que la auditoría que hizo el Síndic, incluyendo las facturas en los cajones, "también debería hacerse para todas las comunidades autónomas con volúmenes importantes de gastos no reconocidos". Acto seguido, insta al INE a señalar esta cuestión a las entidades afectadas (autonomías y ayuntamientos) y darle cuenta de ello. Textualmente, Eurostat "saluda positivamente el enfoque de la Sindicatura en cuanto a la auditoría de los gastos no reconocidos adoptado hasta la fecha".

En otro momento, recomienda a España que todos los nuevos sistemas informáticos que se implanten, como el Registro Único de Factura, sean objeto de fiscalización para verificar que hay correlación entre los apuntes y las facturas. A continuación, no duda en "valorar el hecho de que la Sindicatura de Comptes ya tiene planificada esta acción".

Conocedores de una reunión en la sede del INE en Madrid recuerdan cómo las autoridades de Eurostat quedaron boquiabiertas al descubrir, por boca de auditores de la Sindicatura, que esta entidad venía denunciando durante años las facturas en los cajones. Una información que el INE no les había proporcionado. Las auditorías del Síndic revelan cómo el Consell ha pasado de 24,5 millones en facturas en los cajones en 1988 a la friolera de 3.506 en 2011. De éstos, 300 millones eran gasto sin contabilizar en ningún sitio; 2.049 millones, facturas no reconocidas en el presupuesto; y 1.157 millones, obligaciones cuyo pago se financió a través de los bancos.