Las Corts exigen a ThyssenKrupp que venda Galmed

La última sesión del curso político de las Corts Valencianes ha comenzado esta mañana y algunos prevén que pueda durar hasta once horas.

Entre los acuerdos adoptados durante la mañana, destaca la convalidación, con los votos del PP y la abstención de toda la oposición, el decreto ley mediante el que se aprueba la reducción de salarios de 137 altos cargos de la Generalitat en un 2,02 por ciento en aplicación del compromiso adquirido por el Consell que vincula esos sueldos a la desviación del déficit. La oposición ha acusado al Consell de publicitar de forma innecesaria una medida que no supone un ahorro demasiado significativo y que no es consolidable, por lo que finalmente se han abstenido en bloque.

Sí se han puesto de acuerdo para firmar en una declaración institucional el apoyo del parlamento valenciano a la empresa Galmed y exigir a ThyssenKrupp que se comprometa a vender la planta de Sagunt y paralice cualquier tipo de cierre hasta que no se haya resuelto su venta. La declaración, firmada por los portavoces del PP, PSPV, Compromís y Esquerra Unida, recuerda que a pesar de las negociaciones entre ambas partes, el pasado día 1 se inició el proceso de ERE que contempla el despido de 165 trabajadores.

La decisión de ThyssenKrupp de cerrar la planta y no venderla es, para los cuatro grupos parlamentarios, "injustificada e injusta" al no haberse demostrado que la planta de Sagunto no sea rentable. "Queda en evidencia -advierte la declaración institucional- que estamos ante una deslocalización en función de los intereses alemanes y de una política proteccionista que atenta contra los principios de la Unión Europea".

Además, todos los grupos parlamentarios ha acordado por unanimidad ampliar hasta diciembre el plazo de trabajo de la comisión no permanente especial de investigación que trata de aclarar el proceso que llevó a la intervención de la CAM por parte del Banco de España en 2011.

Otra de las cuestiones tratadas y aprobadas con los votos del PP y del PSPV ha sido la Ley de Derecho Patrimonial y Contratos Agrarios, que incluye figuras contractuales tradicionales como la "venda a l'ull o per alfarrassar" y anula los pactos comerciales en los que no se determina el precio del producto. La anécdota la han protagonizado los marcadores que ha fallado en el momento de la votación y han tenido que ser revisados por los técnicos.