El Consell traza un sistema de financiación que salva los servicios y compensa la deuda

El Consell tiene perfilada una propuesta para modificar el sistema de financiación autonómica que le permitiría disponer de financiación suficiente para cubrir el gasto de Sanidad, Educación y Bienestar Social -algo que ahora no ocurre- y, entre otras cosas, compensar la deuda que se ha generado con la infrafinanciación. El comité de expertos de las Cortes (reunido esta misma semana con el conseller Juan Carlos Moragues y con representantes de la oposición) está trabajando con un primer borrador, según explicaron fuentes parlamentarias, que cerfica la "discriminación" que ha sufrido la Comunitat Valenciana en el reparto de financiación autonómica y que, además, pone encima de la mesa la posibilidad de que la Generalitat disponga de un margen propio en materia tributaria para generar ingresos que permitan desarrollar políticas diferentes en cada autonomía.

Como ya recogió este periódico, la idea del conseller Moragues es disponer de una alternativa cerrada a partir del mes de septiembre con la intención de jugar un papel destacado en la negociación del nuevo modelo de financiación. La reforma del actual sistema es una de las pocas cuestiones en las que existe un amplio consenso entre los grupos políticos con presencia en las Cortes -PP, PSPV, Compromís y EU-, las organizaciones empresariales y la sociedad civil.

Autonomía financiera e igualdad

La propuesta en la que trabaja el comité de expertos parlamentarios se basa en principios como la autonomía financiera de las instituciones, la igualdad en el reparto -actualmente, la Generalitat está infrafinanciada en más de 1.000 millones anuales- para poder ofrecer los mismos servicios o en la necesidad de disponer de un modelo de reparto más sencillo que el actual todo ello, además, atendiendo a los nuevos criterios de estabilidad presupuestaria. Partiendo de ese punto, el comité de expertos tiene ya trazado un esquema básico de su propuesta final y prevé la llegada de recursos en tres tramos.

El primero plantea que la Generalitat ingrese un volumen de recursos suficientes como para cubrir los grandes servicios básicos: Educación, Sanidad y Bienestar Social. Actualmente, el Gobierno valenciano, a la cola en el reparto de los fondos que llegan de Madrid, únicamente recibe dinero para poder financiar, aproximadamente, el 70% del presupuesto destinado a mantener el Estado del Bienestar. Pero, además, la propuesta también incluye otras dos vías de ingresos: una especie de fondo que garantice una cantidad variable anual para que haya estabilidad en la prestación de esos servicios; y, además, un tramo autonómico que facilite a las comunidades flexibilidad en gestión tributaria para desarrollar políticas propias. Ejemplo, financiar, en el caso de la Comunidad, la promoción turística. Aunque no hay números concretos, por esa vía, la Generalitat tendría que ingresar alrededor de 15.000 millones anuales. La propuesta, que buscará un consenso lo más amplio posible para que pueda tener más recorrido durante una negociación para la que todavía no hay fecha, también recoge, como elementos complementarios, un cambio de orientación del Fondo de Compensación Interterritorial, una revisión de las aportaciones de las dos autonomías -Pais Vasco y Navarra- de régimen foral y un instrumento de reequilibrio financiero que permita compensar el endeudamiento generado por la infrafinanciación. La Generalitat, según el Banco de España, acumula un lastre de 29.000 millones, unos cinco mil billones de las antiguas pesetas.

Llama la atención, sin embargo, que entre las propuestas en las que se trabaja, de acuerdo con la versión de fuentes parlamentarias, no aparezca comentario alguno sobre el impacto de los avales concedidos a las empresas públicas y que, conforme a los últimos datos disponibles, podrían alcanzar la cifra de 5.900 millones. Tampoco se recoge en el trabajo de la comisión de expertos, al menos por ahora, la necesidad de compensar a la Comunidad, igualmente, por el coste de los intereses de la deuda, una partida que, actualmente, supone unos mil millones anuales.